Escándalo recursos de la paz: las advertencias para que no se robaran las regalías
Rodrigo Lara se refirió en Sigue La W, sobre las alertas que hizo, en su momento, por el cambio en el sistema general de regalías y la aprobación de los proyectos.
En medio de las denuncias sobre los presuntos desvíos de recursos para la paz, específicamente en los proyectos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorias, Rodrigo Lara se pronunció en Sigue La W sobre las advertencias que, en su momento, hizo por el cambio en el sistema general de regalías y la aprobación de los proyectos.
Cabe resaltar que los recursos se estaban aprobando a través de la figura del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), el cual evalúa, viabiliza, aprueba y prioriza los programas y proyectos que serán financiados con recursos del Sistema General de Regalías.
El senador explicó que en la Reforma de la Ley de Garantías del 2020 lo que se hizo fue “básicamente concentrar 1.100 OCAD, que existían en todos los municipios y departamentos del país, a 8 y se le entregó la Secretaría Técnica de esos OCAD al Departamento Nacional de Planeación (DNP), es decir se centralizó la secretaría técnica en el DNP”.
A su vez, señaló que esta situación les pareció “inconveniente” pues mencionó que “es una forma de centralizar la asignación de esos recursos”.
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“Lo que se hizo en la reforma de 2020 fue concentrar esas Secretarías Técnicas, lo cual señalamos es muy nocivo, porque le permite al Gobierno Nacional disponer de unos recursos que no son suyos, que son de los departamentos y municipios, y aseginar de manera selectiva y específica a quiénes les llega esos recursos y a quiénes no”, aseguró Lara.
En cuanto a Emilio Archila, exconsejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, aseguró que, en varias ocasiones, recibió alertas a través de sus asesores sobre la posible instrumentalización de dichos recursos: “Él sí hizo advertencias y expersó su preocupación de que eso se utilizaría de manera indevida, por eso dejamos algunas alertas”.
Por último, reveló que varios funcionarios de la Contraloría estaban “pidiendo plata por viabilizar los proyectos”, por lo que es de ahí en donde caería la responsabilidad penal de este escándalo.