Movimiento indígena de Ecuador sale altivo tras una dura protesta de 18 días

El movimiento indígena de Ecuador, tras una dura protesta de 18 días contra las políticas económicas del Gobierno del presidente Guillermo Lasso, salió este jueves altivo y con algunas reivindicaciones alcanzadas en una mesa de diálogo mediada por la Iglesia católica donde se puso fin a la movilización.

Desde que comenzaron las protestas el 13 de junio, Ecuador ha vivido casi tres semanas con numerosos enfrentamientos entre manifestantes y policías que han dejado seis muertos, entre ellos un militar, y alrededor de 500 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

El “paro nacional” vio su fin tras la firma del “acta por la paz”, suscrita este miércoles por los dirigentes indígenas y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en Quito, a pocas cuadras de la Universidad Central, convertida en zona de refugio para los manifestantes.

En el acuerdo, el Gobierno se comprometió a bajar en 15 centavos de dólar el precio del galón (3,78 litros) de los combustibles subsidiados, como la gasolina regular (85 octanos) y el del diésel, que hasta ahora se venden a 2,55 y 1,90 dólares, respectivamente.

El movimiento indígena aceptó la oferta, aunque exigía una reducción de 40 centavos para llegar al valor que esos carburantes tenían hace un año.

Asimismo, el acuerdo supuso poner freno a la expansión de las actividades petroleras y eliminó la posibilidad de concesiones mineras en áreas protegidas, territorios de comunidades indígenas, zonas intangibles y arqueológicas, así como en fuentes hídricas.

El Gobierno también se había comprometido en días pasados a elevar de 50 a 55 dólares un bono para familias en condición de vulnerabilidad y a subsidiar la mitad del valor de la urea, que se utiliza como fertilizante y cuyo costo se ha elevado por la guerra en Ucrania.

También a la provisión de crédito para los pequeños y medianos agricultores, la condonación de deudas de los campesinos, duplicar el presupuesto de la educación intercultural bilingüe en las comunidades indígenas y declarar la emergencia en la salud pública aquejada por la falta de insumos y medicinas.

Así también, programas para la no privatización de empresas del Estado, la regulación de valores de sustentación para productos agrícolas y el control de precios en los mercados de víveres.

Y es que con esos reclamos el movimiento indígena aupó a muchos sectores sociales golpeados por la crisis económica.

PROTESTA EMPAÑADA POR VIOLENCIA

Por contra, sectores empresariales e industriales rechazaron la protesta indígena, sobre todo el cierre de vías y las marchas en las ciudades, al considerar que esas acciones estaban acompañadas de vandalismo y afectaban el derecho a la libre movilidad de quienes “sí quieren trabajar”, posición que alcanzó niveles de proporción en Quito.

Durante las jornadas de manifestaciones hubo episodios de gran violencia como el incendio y saqueo de instalaciones policiales y el ataque a convoyes de militares y de camiones de combustible, lo que fue catalogado por el Gobierno como “actos de terrorismo”.

El pasado fin de semana, cuando ya se contaban al menos cinco muertos, decenas de heridos y detenidos, se abrió la primera posibilidad de diálogo a expensas del presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Virgilio Saquicela, y de la Iglesia católica.

Esa posibilidad brilló aún más cuando el domingo pasado el presidente Lasso anunció su decisión de bajar en 10 centavos de dólar el precio de la gasolina regular y el diésel.

El lunes, con los mejores auspicios, las dos partes se sentaron en una mesa de diálogo en la iglesia Basílica, en el centro histórico de Quito, en lo que pareció ser “humo blanco”, aunque el alcance quedó pendiente para el siguiente día.