El afortunado contratista que es esposo de la viceministra TIC
Sigue La W conoció una denuncia sobre un caso que se estaría dando en otras instancias del Gobierno Nacional. Se trata del contratista Fahid Name Gómez, quien es sobrino del senador Iván Name.
Imagen de referencia de contratista. Foto: Getty Images / Prapass Pulsub
A pesar de la directiva 01 del 17 de enero de 2022, publicada por la Presidencia de la República, después del escándalo por el exceso de contratación de Karen Váquiro y su conflicto de intereses al ser esposa de Andrés Mayorquín, exasesor de la jefe de gabinete del gobierno, María Paula Correa, siguen los problemas en diferentes entidades estatales, que no han parado de repartir órdenes de prestación de servicio a una misma persona.
Sigue La W conoció una denuncia sobre un caso, que se estaría dando en otras instancias del Gobierno Nacional. Se trata del contratista Fahid Name Gómez, quien es sobrino del senador Iván Name y que, según los registros de la plataforma SECOP, ha sido beneficiado por varios contratos con distintas entidades al mismo tiempo.
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En total, el señor Name Gómez ha tenido 18 contratos con el Estado colombiano, entre 2020 y 2022 que suman 1.049 millones de pesos. De estos contratos, 5 están en ejecución por un valor cercano a los 400 millones de pesos y son con la Superintendencia de Industria y Comercio, con la Superintendencia de Transporte, con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR y con el Invías.
En la hoja de vida de función pública, aparece que Fahid Name es abogado y tiene una maestría en derecho administrativo y por esa razón todos sus contratos tienen en común el objeto, que consiste en prestar sus servicios profesionales para apoyar la gestión jurídica en cada una de las entidades donde está.
Revisamos algunos de los contratos del abogado Name y encontramos que, por ejemplo, en el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, el valor del proceso es de 86 millones 802 mil pesos, con un plazo de 12 meses, lo que quiere decir que recibe en esta entidad 7 millones 700 mil pesos por mes, por apoyar apoyar la gestión jurídica del despacho del superintendente delegado para la Protección del Consumidor de la SIC.
En el caso de la Superintendencia de Transporte, el valor del contrato de Fahid Name es de 84 millones 765 mil pesos por un periodo de ocho meses, eso significa que mensualmente recibe 10 millones de pesos, por “asesorar, actualizar y estudiar la normatividad relacionada con el sector tránsito, transporte y su infraestructura, analizando y empleando la jurisprudencia y doctrina correspondiente de cara a las nuevas realidades”.
Y en la otra superintendencia para la que presta sus asesorías, que es la de servicios públicos, obtuvo un contrato por 12 meses con un monto de 8 millones de pesos mensuales, es decir 90 millones 900 mil pesos en total. Acá el objeto es “asesorar los procesos prejurídicos y jurídicos en los que la entidad actúe como accionante o como accionada y que le sean asignados por parte del Coordinador del Grupo de Defensa Jurídica”.
Si sumamos los otros dos contratos que Fahid Name tiene con la CAR y con el Invias, podemos decir que este afortunado abogado recibe en total cada mes caso 47 millones de pesos, una cifra superior al salario del presidente de la república o de algunos magistrados que tienen los sueldos más altos del Estado.
Pero eso no es todo. El señor Fahid Name Gómez, es esposo desde el año 2014 con María del Rosario Oviedo, actual viceministra de conectividad del Ministerio de las TIC.
Llama la atención que antes de llegar a ese cargo, la señora Oviedo también estuvo en la Superintendencia de Transporte, donde la ministra TIC, Carmen Ligia Valderrama, fue superintendente y en la Superintendencia de Industria y Comercio, en la delegatura de protección al consumidor, la misma donde hoy trabaja su esposo.
Expertos en contratación consultados por Sigue La W aseguran que puede existir un posible conflicto de intereses con el contrato de la SIC ya que desde la delegatura de protección al consumidor se estudian casos de denuncias contra los operadores de telefonía móvil y de internet y el MinTic también tienen funciones que involucran empresas de ese sector.
Igual que en el caso Karen Váquiro, surgen preguntas sobre si el abogado puede cumplir con todas las obligaciones de los cinco contratos que tiene. Consultamos los informes de ejecución de cada mes y encontramos evidencias de una pobre ejecución.
Esta, por ejemplo, es la factura presentada a la Supertransporte en mayo de este año para que le hicieran el pago correspondiente. Como se ve en el documento, el contratista tiene 8 obligaciones específicas que debe cumplir cada mes y para ese periodo, solo elaboró un concepto. Para las demás obligaciones, no se entregó ningún producto o evidencia. De todas formas, sí se cobraron los 10 millones de pesos en total.
Otro ejemplo es el del informe de gestión del mes de abril en la Superintendencia de Industria y Comercio, en el que se evidencia que de 7 obligaciones solo cumplió con 3.
Lo mismo sucedió con el informe de actividades entregado a la Superintendencia de Servicios Públicos, también en el mes de abril de 2022, en el que se ve cómo en varias de las obligaciones no se hizo nada o no se requirieron los servicios del contratista.
Sigue La W consultó con el DAPRE sobre la directiva y la orden que se dio en enero de este año, antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías y respondieron que a la fecha hay 380 funcionarios que han registrado la información de sus familiares con contratos con el Estado.
Sin embargo, aclaran que eso no significa que haya conflicto de interés, sino que esto se registra como fue la instrucción que se dio. Así mismo recordaron que son los comités de contratación de cada entidad que, además, deben pedir esta información, previo a la celebración de nuevos contratos. Para esto también se usa la plataforma PACO.
Fahid Name Gómez respondió
A través de un comunicado, Fahid Name Gómez expresó que “ni mi tío ni mi esposa han influido de manera alguna en que entidades públicas o privados y particulares contraten conmigo”. Además, hizo énfasis en que “los contratos de los que he sido adjudicatario obedecen estrictamente a mis aptitudes y mi reputación comercial como un abogado competente.”
Lea a continuación el comunicado completo:
