Informe revela “nuevas formas de violencia política y terror” en Nicaragua
El observatorio de violencia política Urnas Abiertas reveló que el Gobierno del presidente Daniel Ortega ejecuta “nuevas formas de violencia política y terror” contra la disidencia de ese país.
Daniel Ortega. Foto: Efe.(Thot)
Según el informe “Nicaragua: Entre el fraude y el terror”, desde 2021 “se observa una leve disminución de la participación de sujetos y grupos armados, policías, militares y paramilitares, que es sustituida por una serie de medidas administrativas”.
El informe señaló que, a las agresiones físicas, amenazas y arrestos arbitrarios, denunciados desde abril de 2018 cuando estalló la crisis sociopolítica, se han sumado la “retención migratoria, negación de documentos, extorsión fiscal, represalias administrativas contra empresas, represalias con beneficios sociales y servicios públicos, o persecución al sector cultural y a la Iglesia católica”.
Urnas Abiertas, compuesto por un equipo de nicaragüenses expertos en temas de política y economía, también subrayó la “eliminación de la autonomía universitaria, hostigamiento con propiedades, control sobre militantes sandinistas y funcionarios públicos, migración forzada: arriesgar la vida al migrar, impunidad y denegación de justicia”, señaló.
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“Se ha constatado que esta situación de crímenes de lesa humanidad, ejecutados por el régimen, se está sosteniendo por cuatro años y tampoco ha dejado de continuar, porque la represión se va transformando con el tiempo en la medida en que van transformando el modelo autoritario”, dijo el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, durante la presentación telemática del informe.
- LOS “OPERADORES DEL TERROR” -
Las muertes bajo custodia estatal del exguerrillero sandinista disidente Hugo Torres y del ciudadano de doble nacionalidad nicaragüense y estadounidense Eddy Montes Praslin, fueron puestas como ejemplo de la “violencia política y terror” del Gobierno de Ortega durante la presentación del informe.
El documento identificó como “operadores del terror” a “los agentes policiales”, así como a los funcionarios del “Sistema Penitenciario, Sistema de Justicia, Asamblea Nacional, Dirección de Migración y Extranjería, alcaldías y civiles, entre otros”.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
