Comisión de la Verdad pidió regular las drogas y otras recomendaciones

En un documento de 896 hojas la Comisión de la Verdad plasmó sus hallazgos sobre lo ocurrido durante el conflicto armado. En un apartado de ese capítulo del informe final realizó las recomendaciones que entregó al estado colombiano para adelantar transformaciones a problemas que evidenciaron en sus cuatro años de funcionamiento. Las más importantes e impactantes se detallan a continuación.

1. Narcotráfico

Entre las más importantes se encuentra sin duda la mención a que se adelante una “regulación responsable” del consumo de drogas en Colombia, enfatizando en que la estrategia actual que aborda el problema por medio de la política prohibicionista es un completo “fracaso”.

“...se ha demostrado ser ineficaz para cumplir sus metas y profundamente nocivo en los efectos colaterales de su aplicación. Juzgado desde sus propios objetivos, hoy hay en el mundo más consumidores, más diversidad, potencia y productividad de drogas ilícitas, tanto derivadas de plantas como sintéticas. Su precio, en vez de elevarse, ha tendido a reducirse. Se trata entonces de una política fracasada en sus propios términos”, concluyó la Comisión de la Verdad.

Para los comisionados, se debe dejar de lado la aspersión con glifosato y establecer una estrategia de fortalecer la política frente al consumo, por medio del enfoque de los derechos humanos, salud pública y reducción del daño. “Se propone avanzar hacia la regulación responsable, y así dar una respuesta más democrática al problema de las drogas, y liderar el debate internacional contra el prohibicionismo a la vez que, conscientes de que se trata de un proceso, se sugieren ajustes inmediatos a la política actual”, señalaron.

2. Fuerza pública

Otro importante apartado de recomendaciones de la Comisión de la Verdad al estado estuvo enfocada en el tratamiento hacia soldados y policías involucrados por su responsabilidad y presunta responsabilidad en crímenes relacionados con derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. Entre las más duras y a la vez polémicas se encuentra la propuesta de frenar los ascensos de militares y policías con denuncias creíbles y procesos por esos delitos.

Para lo anterior, pidieron echar a andar un mecanismo de control que permita evaluar la “idoneidad” de los oficiales y suboficiales postulados.

“Realizar los ajustes normativos necesarios con el fin de garantizar que no puedan recibir ascensos quienes tengan denuncias creíbles o procesos abiertos en su contra –por acción o por omisión– en casos de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, o en casos de vinculación y connivencia con grupos armados ilegales y delincuencia organizada” sentenció la Comisión.

Además, recomendaron avanzar en la suspensión del cargo de oficiales de la Policía y soldados que se vean involucrados en investigaciones por delitos relacionados con derechos humanos y DIH. También solicitaron que se separe a la Policía del Ministerio de Defensa, e ir eliminando “gradualmente” la obligatoriedad del servicio militar obligatorio, entre otras recomendaciones.

3. Justicia

En el informe de hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad en materia de justicia resaltó la solicitud al estado de evaluar y ajustar las condiciones en las que se elige actualmente el fiscal general de la Nación. Para los comisionados, no debe haber injerencia alguna del ejecutivo en la designación de candidatos, para garantizar su autonomía.

“...modificar la forma de elección del fiscal general de la Nación para garantizar su independencia, sobre la base de criterios de mérito y reconocimiento de trayectoria profesional, publicidad y transparencia. Se recomienda que en la reforma del proceso de postulación y selección se incluya la participación de la academia y mecanismos para el control ciudadano” indicaron los comisionados.

Otro asunto importante en materia de justicia fue el pronunciamiento de la Comisión referente a que se ajuste la extradición, solicitando que el gobierno priorice las investigaciones en Colombia cuando se trate de personas (como ‘Otoniel’ por poner un ejemplo) que puedan entregar verdad sobre crímenes de guerra y corrupción a gran escala y avanzar en la incautación de bienes.

“...el Gobierno deberá adelantar todas las gestiones para establecer acuerdos para garantizar dichos derechos frente a las personas que han sido extraditadas en el pasado” pidieron los comisionados.

También dentro de sus recomendaciones solicitaron al congreso adoptar medidas para que los aforados constitucionales involucrados en crímenes relacionados con el conflicto sean investigados, y que los delitos de guerra y lesa humanidad sean introducidos en el ordenamiento jurídico.

En relación con la Justicia Penal Militar, pidieron que esa jurisdicción no investigue oficiales de la Policía y en cambio queden bajo la órbita de la Justicia Penal Ordinaria, asimismo, que no tenga competencia para investigar a militares procesados por crímenes relacionados con el Derecho Internacional Humanitario.

Adicionalmente, en el capítulo de la Comisión de la Verdad se solicitó avanzar en el incremento de la financiación de las disposiciones del Acuerdo de Paz, así como crear el llamado “Ministerio para la Paz y la Reconciliación” que en palabras del órgano transicional lidere la implementación y articule los programas de reparación y reconocimiento de las víctimas y la sociedad en general.

En línea con lo anterior, solicitaron que se avance en la jurisdicción agraria, se fortalezca la restitución de tierras en el país, se ratifique el Acuerdo de Escazú, y además se fomenten estrategias que fortalezcan las Alertas Tempranas y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, para prevenir los crímenes de líderes sociales (muchas de esas recomendaciones ya existen en la actualidad pero presentan rezagos en el cumplimiento por parte del estado).