La justicia peruana rechaza el recurso de Pedro Castillo para evitar ser investigado
El juez de la Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú, Juan Carlos Checkley, declaró este jueves infundada la tutela de derechos presentada por el presidente de Perú, Pedro Castillo, con la que buscaba parar una investigación abierta en su contra por la Fiscalía de la Nación por presuntamente liderar una organización criminal desde el Ejecutivo.
Pedro Castillo, presidente de Perú. Foto: Sebastian Castañeda - Pool/Getty Images(Thot)
El recurso presentado por el mandatario se basó en la presunta violación a los principios constitucionales de legalidad procesal y al principio de seguridad jurídica, dado que la Constitución sólo permite su procesamiento, mientras ejerce el cargo, por casos de traición a la patria o impedir las elecciones.
Por eso, Pedro Castillo había solicitado que se anule la investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada; sin embargo, el magistrado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la tutela de derechos.
Checkley indicó que, si bien el gobernante solo puede ser acusado por los supuestos que prevé la Constitución, “ello no anula la posibilidad de iniciar una investigación preliminar siempre que existan justificaciones razonables”.
El abogado de Castillo, Benji Espinoza, declaró que lo que corresponde ahora es “apelar” y que será la Sala Penal Especial de la Corte Suprema la que resuelva si la interpretación del juez Checkley “es correcta o incorrecta”.
El jefe de Estado es investigado por las presuntas irregularidades en la adjudicación del Puente Tarata II, una obra pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y en la que están también implicados el exministro Juan Silva, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y dos sobrinos de Castillo.
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Durante la audiencia en la que se expuso el caso, el fiscal Samuel Rojas afirmó que “es la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado”, a los que juró defender al asumir el cargo, para “cometer delitos de corrupción”.
Además de los indicios contra el mandatario en la adjudicación de la obra, Rojas informó que existen audios que revelaron que el empresario Zamir Villaverde entregó 30.000 soles (unos 8.000 dólares) al exministro Silva para dárselos a Castillo.
Asimismo, el fiscal citó los indicios de que la colaboradora eficaz Karelim López entregó al jefe de Estado un total de 155.000 soles (unos 41.000 dólares) en el Palacio de Gobierno y en la casa que usó durante la campaña electoral en la calle Sarratea de Lima.
A raíz de la investigación preliminar de la Fiscalía, la comisión de Fiscalización del Congreso ha pedido interrogar a Castillo el próximo lunes sobre sus reuniones con los imputados de la presunta organización criminal y el mandatario ha asegurado que responderá a los parlamentarios ese día.
El titular de esa comisión, Héctor Ventura, pidió al mandatario que “honre su palabra” porque “el país espera su declaración”.
Ventura, del partido fujimorista Fuerza Popular, informó que el abogado de Castillo puede acudir a las oficinas del grupo parlamentario para revisar toda la documentación que tienen sobre el caso, antes del interrogatorio del próximo lunes.
