Las pérdidas del Hospital Metropolitano de Barranquilla suman $80 mil millones

Luego de que el caso relacionado con el desfalco de la Universidad Metropolitana de Barranquilla girara revelando el saqueo de más de $30 mil millones de pesos del centro académico y se ordena la preclusión de la investigación que se desarrollaba contra Juan José Acosta Osío, al igual que la orden de captura contra Carlos Jaller y otros exfuncionarios de la universidad, La W conoció en exclusiva que las pérdidas económicas de la Fundación Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla, perteneciente al mismo patrimonio familiar, ascienden a más de $80 mil millones de pesos.

De acuerdo con los documentos recopilados, entre la cifra se encuentran más de $13 mil millones correspondientes a giros directos de la Administradora de Recursos de Seguridad Social- ADRES, adscrita al Ministerio de Salud, evidenciados por una auditoría forense realizada en el período comprendido entre agosto de 2019 a marzo de 2021.

En este sentido, la revisión buscó determinar la existencia de presuntos malos manejos por parte de la administración de ese momento, en cabeza de Javier Cuartas Jaller, dejando en evidencia el estado en que se recibió la entidad que se fundó en la capital del Atlántico en 1976.

En lo relacionado con la utilización de recursos públicos “según prueba documental ascienden a un monto de $15.064.416,431; esto, por los períodos de los años 2019 y 2020, de acuerdo con el alcance de la auditoria forense de agosto 28 del 2020 a marzo 31 del 2021 un monto de $8.879.582.858, de otras entidades confirmadas por banco AV VILLAS $1.954.919.438, y de otras entidades confirmadas por banco BBVA $385.726.964, para un total de $11.220.229.260″, de acuerdo con los documentos de la auditoría.

Por esta misma razón, se presentó ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia penal contra el entonces director administrativo por una presunta administración desleal, peculado por apropiación y concierto para delinquir.

“Según la Auditoria Financiera forense realizada en el período del 28 de agosto/2019 al 11 de marzo/2021, obsérvese que no existe una información contable actualizada por los períodos objeto de revisión, que no contiene una información íntegra y solo refleja movimientos parciales de algunas cuentas contables hasta el año 2020. Además, en las oficinas administrativas de la FHUM, no se encontraron estados financieros de propósito general, que estuviesen certificados y dictaminados por el período objeto de la Auditoría, y la investigación auditora, indagó en las páginas oficiales de la DIAN y Supersalud, instituciones a las que la FHUM debe reportar la información Financiera…”, se lee en la denuncia.

Adicionalmente, por información suministrada por los bancos AV Villas y Serfinanza, la firma auditora pudo determinar la realización de retiros en efectivo, cajeros, oficinas y cheques “sin identificación a terceros”, por un valor superior a los $4.700 millones de pesos, además de efectivo, cheque de gerencia y cheque girado a Cuartas Jaller por otros $4 mil millones de pesos, para un total de casi $9 mil millones de pesos.

Por su parte, según las víctimas del caso, los daños sociales que son incalculables incluyen la no atención de 30 mil pacientes y el no uso de los equipos médicos de alta tecnología que tenía el centro, las más de 127 camas y las10 camas UCI que no fueron usadas incluso en la pandemia del covid-19.

“Tenemos un dato general respecto a los pacientes que estaban siendo atendidos en el hospital o que fueron atendidos en el año 2017 teníamos un total 27.416 personas que fueron atendidas, en el año 2018, 30.108 pacientes, en el año 2019, 21.373 personas, eso es más o menos la cantidad de personas que se dejaron de atender es decir de que estábamos más o menos en un promedio tomando como base el promedio más alto que fue alrededor de 30.000 personas que de manera general no se atendieron”, aseguró a La W, José Luis Castro, actual gerente del Hospital.

Sobre este último, pese a que el Hospital contaba con equipos e instrumentos que podían servir en medio de la contingencia sanitaria, de acuerdo con la gerencia del centro de salud, se imposibilitó su utilización debido al desacato de la Gobernación del Atlántico en cabeza de Elsa Noguera, a un fallo de 2020 por el que se ordenó reestablecer en la dirección de la entidad a Alberto Acosta Pérez y por el que también se le ordenó un arresto de 5 días a la mandataria junto con otros funcionarios.

“DECLARAR, como en efecto se declara, en desobedecimiento de las órdenes judiciales emitidas por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA el 21 de julio de 2020 en el incidente de restablecimiento del derecho correspondiente al radicado 080016001257201701150, a la GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, Dra. ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA, a la SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO, Dra. ALMA JOHANA SOLANO SANCHEZ, y al Dr. PAUL DAVID ZABALA AGUILAR apoderado judicial de la Gobernación del Atlántico, conforme lo establecido en el numeral 4 del artículo 143 de la Ley 906 de 200437″, afirmó el Juzgado Trece (13) Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla.

Hay que mencionar que, en su momento, la autoridad departamental respondió que la situación se generó debido a la no entrega de un acta por la que no se pudo cumplir la orden judicial y que la inscripción y registro se realizó sin contar con el documento.

En cuanto a los pasivos laborales, judiciales y de proveedores y contratistas, el Hospital suma un total de más de $44 mil millones de pesos por obligaciones correspondientes al periodo antes mencionado.

“Pero también el daño social se puede mirar desde diferentes ópticas, el daño social es también la afectación que existen a un grupo de trabajadores que no se les ha pagado en los últimos tres años los aportes en seguridad social en pensión y ya es para que hubiesen estado pensionados pero por culpa de la administración anterior del señor Javier Cuartas Jaller ha sido imposible poder cancelar los aportes a estas personas que hoy día estarían disfrutando de una pensión, el daño social también está representado en estas más de 500 familias que son afectadas por el no pago de prestaciones sociales”, afirmó Castro