El informe que salpica al general activo Edgar Rodríguez por falsos positivos

La W conoció en exclusiva el documento de 235 páginas entregado por la Procuraduría a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que presentó sus observaciones, reconstruyó el patrón criminal de los falsos positivos en el Huila entre 2005 y 2009 y, además, develó con testimonios las acusaciones contra altos oficiales por esos crímenes de guerra.

En el escrito, revelado por fuentes en la JEP, se solicitó que se investigue el nivel de conocimiento que pudo haber tenido el general Edgar Alberto Rodríguez, actual comandante del Comando Conjunto Tercero del Ejército, de las ejecuciones extrajudiciales que estaban presentando sus subalternos cuando dirigió el Batallón Magdalena entre 2006 y 2007, donde comenzó incluso el fenómeno de usar “reclutadores” para engañar a las víctimas en ese batallón.

“... Desde esa misma perspectiva, se debe establecer si Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, concedió felicitaciones y días adicionales de descanso por resultados operacionales que en realidad correspondieron a bajas irregulares. Lo anterior, con el propósito de determinar si el plan de moral y bienestar fue empleado por dicho compareciente, para instigar o propiciar la comisión de los delitos investigados por los efectivos del Batallón Magdalena”, señala el documento del ministerio público.

Incluso, de acuerdo con los testimonios de sus propios subalternos e investigados por esos crímenes de guerra, en una ocasión el general se molestó porque el sobreviviente, Aladino Ríos, quien fue llevado bajo engaños, no murió y se les voló. Además, también indicaron que en varias ocasiones las armas que recibieron para ponerle a las personas asesinadas fueron entregadas por los jefes de inteligencia y de operaciones de Rodríguez, sus hombres de confianza.

“...frente a la consecución de los elementos necesarios para la simulación de un combate, se tiene que las armas supuestamente fueron suministradas por el jefe de Inteligencia (S2) en coordinación con el jefe de Operaciones (S3) del Batallón Magdalena. Lo anterior, fue reconocido por los señores Julián Andrés Calderón Mota y Fernando Riveros Sarmiento, quienes se desempeñaron como comandantes del 2º Pelotón de la compañía Berlín”, señaló el ministerio público.

La W buscó insistentemente al general Rodríguez para conocer su respuesta a esas afirmaciones, pero no obtuvo ningún pronunciamiento de su parte.

Los señalamientos contra altos oficiales contenidos en el documento, también se extendieron gravemente hacia el general (r) Marcos Evangelista Pinto, activo hasta hace unos meses y quien dirigió el Batallón Magdalena luego de Rodríguez, el cual fue señalado directamente de haber conocido de los falsos positivos e incluso, de haber ordenado “acomodar” un cuerpo, alterando la escena del crimen.

“...por ahí unos 15 minutos llegó una parte de la motorizada y entre esa parte de la motorizada llegó el coronel Marco Evangelista Pinto Lizarazo, se le informó que el carro se había volado, el carro o la víctima que iba en el carro, porque no fue víctima, se voló. Cuando el coronel ya entró con la escolta de él, que anda con escolta, miró el cuerpo y me dijo: ese cuerpo acomódelo así” fue la confesión del soldado Francisco Javier Castañeda, por el crimen en el que fueron asesinadas cuatro personas.

Asimismo, uno de los soldados, concretamente Luis Carlos Oyola Tapia, afirmó que las ejecuciones se perpetraban con conocimiento del general Pinto Lizarazo, y que incluso en la muerte de José Misael Moreno, una víctima, fue trasladado en un carro del batallón.

“...su señoría porque todo eso se hacía con conocimiento del comandante de Batallón (Pinto), porque inclusive al joven Misael lo transportaron hacia la vereda de San Isidro en las horas de la tarde en un carro del Batallón, yo miré cuando el joven lo tenían amarrado de manos y pies y con los ojos vendados su señoría dentro de ese carro, para esperar que llegara la noche para hacer un simulacro su señoría de un atraco con dos soldados que se prestaron para eso, para poder quitarle la vida al joven Misael”, detalló Oyola.

Además, su propio jefe de operaciones, Francisco Adrián Álvarez, lo incriminó gravemente ante la JEP, señalando que primero le comentó al general los rumores de muertes extrajudiciales, y luego el propio Pinto (hoy general) supo que una de las armas de las víctimas había estado previamente en el Batallón, que vestían ropa con etiquetas del precio aún pegadas y usaban botas que no eran de su talla.

Es más, el soldado Álvarez habló de una reunión en la que, a su modo de ver, el general Pinto formó a sus hombres para intimidarlos de cara a cualquier denuncia, revelando que allí increpó a los soldados para que presentaran pruebas de los supuestos rumores de ejecuciones extrajudiciales. También su propio jefe de inteligencia, Ángel Carvajal, afirmó que el general lo obligó a llenar informes de inteligencia posterior a las operaciones, para que no surgieran dudas.

“...de manera extemporánea se elaboraron los anexos de inteligencia de 18 operaciones que fueron ejecutadas entre el 26 de diciembre de 2007 y el 8 de septiembre de 2008, las cuales involucraban bajas cuestionadas. Copia de esos documentos, habría sido remitida a la Novena Brigada con el aval de MARCOS EVANGELISTA PINTO LIZARAZO, con el objetivo de reportar la supuesta existencia de resultados operacionales legítimos”, sentenció el ministerio público.

En línea con lo anterior, sus hombres más cercanos acusaron al general Pinto Lizarazo (quien salió del Ejército por el atentado que sufrió el presidente Duque en la Brigada 30) de incluso haber gestionado pago de recompensas para “informantes” que en realidad eran reclutadores, y pidió más plata de la que realmente se desembolsó.

“Según lo manifestado por Álvarez Calderón y Carvajal Rojas, MARCOS EVANGELISTA PINTO LIZARAZO estableció los montos a cancelar y, en ocasiones, solicitó sumas mayores a las que realmente se entregaron a los particulares. A juicio del Ministerio Público, la Sala debe valorar las conductas del señor Pinto Lizarazo previamente expuestas”, señaló la Procuraduría.

Pero la sombra sobre el Batallón Magdalena se extiende en el tiempo de acuerdo con el ministerio público, debido a que antes de los generales Rodríguez y Pinto Lizarazo el comandante entre noviembre de 2006 y mayo de 2007 coronel Martín Eduardo Galindo Páez, fue acusado de ordenar ejecuciones como la de una persona capturada y con antecedentes y de que su jefe de operaciones, coronel (r) Mario Hernán Duarte, entregara él mismo las armas para ponerle a los muertos.

“Mahecha Bernal reconoció que las armas empleadas para la simulación del combate le fueron entregadas en una reunión previa por Mario Hernán Duarte Méndez, oficial de Operaciones del Batallón Magdalena durante la comandancia de Galindo Páez”, afirmó a la JEP el capitán Carlos Mahecha Bernal.

De acuerdo con lo descubierto por el ministerio público, el coronel Galindo Páez habría otorgado permisos y felicitaciones a los militares implicados en falsos positivos, a pesar de que se trataba de ejecuciones extrajudiciales.

2. BATALLÓN CACIQUE PIGOANZA

En el informe rendido por la Procuraduría también se reveló que fueron objeto de incriminación otros altos oficiales presuntamente involucrados en falsos positivos, por consecuencia de los testimonios de sus soldados en esa unidad militar del Huila.

Uno de los señalados es el coronel (r) Orlando Pico Rivera, comandante del Batallón Pigoanza entre 2004 y 2006, y quien fue señalado de tener un grupo especial a su disposición (que se vio involucrado en falsos positivos), llevó a trabajar guías que eran en realidad reclutadores y hasta ordenó, según un soldado, modificar la realidad de una operación donde ese “guía” asesinó a un campesino.

“...el señor Gaitán Patiño manifestó que el señor Pico Rivera conoció la declaración que inicialmente rindió ante el asesor jurídico del Batallón, en la que describió la manera en que alias “el zurdo” le había causado la muerte al señor Rivera Gutiérrez (la víctima). En consecuencia, el señor ORLANDO PICO RIVERA presuntamente ordenó que fuera modificada, de manera que se omitiera la información referida a la intervención del señor ‘El Zurdo’ y a la presencia de un menor de edad (el hijo del campesino)” recoge el ministerio público.

Es más, de acuerdo con el expediente, el coronel Pico fue señalado de hasta pedir préstamos para pagarle a los informantes (reclutadores) por la información sobre las “bajas” y que ordenaba a las tropas trasladarse hasta los lugares donde se cometían los crímenes, sin evaluar la información que entregaban los “informantes”, algo sumamente sospechoso, de acuerdo con el ministerio público.

A su vez, varios soldados señalaron que la ropa y las armas que se le colocaban a los muertos eran entregadas varias veces por los miembros de la Sección de Inteligencia del batallón y los militares encargados de asesinar ya los tenían con antelación.

Por otra parte, otro de los coroneles que fue gravemente señalado en la JEP fue el coronel Carlos Salamanca Robles, primero porque continuó con los informantes como ‘El Zurdo’, y según su propio jefe de inteligencia y soldados, sabía que se estaban dando resultados “falsos” y los promovía.

“...una tarde, allá llega el capitán Aguilera con el coronel (se refiere al señor Salamanca Robles). Yo me monto en la camioneta, y básicamente lo que me hacen es esa propuesta de que tenía para manejar el resultado, que buscara como básicamente, palabras concretas, dar una baja ilegal como si fuera un combate”, sentenció el soldado José Alirio Triana, comandante de Pelotón.

Incluso, el coronel Salamanca fue acusado de haber organizado una supuesta reunión, donde expuso la necesidad de empezar a “jalar” las víctimas desde otros lugares con la ayuda de los reclutadores ante la falta de muertes.

“...ya después de esta reunión que yo le digo, cuando ya se cambia por recomendación del mismo comandante del batallón (Salamanca), o por la sugerencia o por la imposición, como se quiera tomar, pues ya se utiliza es otro método, que hay un reclutador, que ya hay una persona que ya no jala a una persona, sino que jala a dos o que puede jalar 3, y ya comienzan a aumentar el número de muertes en de desarrollo de esas operaciones”, detalló Luis Carlos Aguilera, jefe de inteligencia del Pigoanza.

En línea con lo anterior, el coronel Salamanca también fue salpicado de haber incluso seguido el “correcto” desarrollo de los actos de encubrimiento de las falsas bajas, y, utilizar la promoción del plan de bienestar para fines de premiar esos crímenes de guerra.

Además, el coronel Ricardo Andrés García, quien comandó el Batallón Pigoanza entre mediados del 2007 y 2009, también fue incriminado por el soldado Alejandro Campos, infiriendo que la muerte de tres personas habría sido conocida por el coronel García, quien según Campos pidió simular un combate para reportar las “bajas”.

3. NOVENA BRIGADA DEL EJÉRCITO

Finalmente, el ministerio público abordó la eventual responsabilidad de generales como Jaime Lasprilla (excomandante del Ejército), Miguel Pérez Guarnizo (director de la Defensa Civil hasta hace unas semanas) o William Pérez Laiseca, quienes comandaron la Novena Brigada en el periodo de los crímenes y quienes aseguraron que no conocieron de falsos positivos.

Pues para el ministerio público, aunque no se puede probar su participación directa, sí hubo evidentes fallas de control de las operaciones que realizaban los batallones, así como contradicciones, por ejemplo, señalando que no era su deber verificar la legalidad de las operaciones, sino que hubiera la totalidad de los documentos, algo que a la luz de sus deberes era requerido de acuerdo con varias directivas del Ejército.

Además, fueron cuestionados por la Procuraduría, debido a que nunca hayan cuestionado las incoherencias de hombres con armas cortas enfrentándose a numerosos pelotones dotados y entrenados, que se reportaran las mismas bajas cuando las confrontaciones se reducían o no había “enemigo”, y no vigilar el pago de recompensas con recursos públicos sobre objetivos de valor real para la Brigada.

“...el Ministerio Público insiste en que la Sala debe establecer si en los archivos operacionales mediante los batallones que reportaron bajas cuestionadas ante la Novena Brigada constaban elementos de conocimiento a partir de los cuales los señores Peña Bermeo, Pérez Rodríguez (oficiales) y Pérez Guarnizo (general), de conformidad con sus roles funcionales, debían advertir irregularidades de las que surgiera la comisión de ejecuciones extrajudiciales por parte de los integrantes de dichas unidades tácticas”, concluyó la Procuraduría.

Adicionalmente, el ente de control rebatió que afirmaran desconocer lo que estaba pasando, cuando en medios de comunicación comenzaron a aparecer las denuncias e incluso, el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército generaron y entregaron directivas alertando tomar medidas frente a la práctica de los falsos positivos.