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Con las cifras de homicidios de líderes sociales no se juega: Gobierno

Jefferson Mena aseguró que hay una estructura de atención, investigación y apoyo para quienes han visto vulnerados sus derechos.

Consejero para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Jefferson Mena. Foto: Colprensa.

Luego que Indepaz revelara en un informe en el que señalan que durante este Gobierno se han asesinado 930 líderes en Colombia, de los cuales 126 eran lideresas sociales, el Gobierno, en cabeza del consejero para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Jefferson Mena, se pronunció rechazando este tipo de cifras y la organización que la expuso.

“Con las cifras de homicidios de líderes y de defensores de derechos humanos no se juega, no está bien hacerlo, las cifras de homicidios de líderes sociales no se deben tomar a la ligera”, dijo expresamente el alto funcionario a través de un audio expuesto en las redes sociales de la Consejería.

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Así mismo, Mena indicó que “Indepaz no es la organización encargada de emitir las cifras oficiales sobre estos hechos, la fuente oficial para recopilar la información de hechos de homicidio contra personas defensoras de derechos humanos en el territorio nacional es la Defensoría del Pueblo y son bajo estas cifras que se activa toda la capacidad del Estado creada en este gobierno que conllevan a la investigación judicialización y condena de los responsables de estos actos”.

De igual forma, el consejero criticó la manera como esta Organización expone las cifras, “Indepaz debería realizar su metodología ellos mismos mencionan una reducción del 44.8% en los mismos hechos entre 2020-2021, lamentamos profundamente cada uno de los casos de homicidios ocurridos ya sea de un líder social comunal o cualquiera que esté en el territorio colombiano. Acallar la voz además de ser un hecho doloroso para su familia y su comunidad es también impedir el progreso de una comunidad, la protección y garantía de los derechos”.

Finalmente, el alto funcionario aseguró que este Gobierno ha creado una estructura institucional para la protección de los derechos de los líderes sociales.