La acusación de la Fiscalía contra Rodolfo Hernández y la historia de “la calavera”

Colombia

La diligencia de acusación a un imputado por ley es pública, pero la Fiscalía General de la Nación se ha empeñado en volver privado el escrito de acusación al candidato presidencial Rodolfo Hernández.

Ayer me mandaron de Herodes a Pilatos, entre diferentes funcionarios tirándose la pelota para no entregar el documento que legalmente debe ser público, como si quisieran impedir que se conociera la acusación formulada en 2021 contra Rodolfo Hernández y seis personas más.

Felizmente, al terminar el día, el abogado Elmer Montaña, director del Colectivo Control Ciudadano Colombia, encontró y publicó en su cuenta de Twitter (@elmermontana) el documento que no deja lugar a dudas: Rodolfo Hernández ya está acusado y el siguiente paso es la audiencia preparatoria de juicio.

Me comuniqué anoche con el doctor Montaña y le pedí que compartiera este documento, de innegable interés público, con El Reporte Coronell. Él accedió amablemente.

Hoy hablaremos de ese papel y de algunas pruebas contra el candidato Hernández que están en el pliego de cargos de la Procuraduría General de la Nación.

La existencia del escrito de acusación demuestra que, para la Fiscalía, existen pruebas graves que permiten afirmar con alta probabilidad de verdad la responsabilidad de Rodolfo Hernández en el delito de interés indebido en la celebración de contrato.

El documento de 50 páginas acusa a 7 personas, incluyendo al hoy candidato presidencial, líder en las encuestas, y sobre él dice textualmente:

• “Es así que, Rodolfo Hernández Suárez, como Alcalde de Bucaramanga y miembro de la junta directiva de la EMAB, se interesó indebidamente, tanto en provecho propio y de un tercero, esto es, que Jorge Hernán Alarcón Ayala, ingeniero químico, contratista y consultor, fuese el contratista escogido, dentro del proceso de trámite y celebración del Contrato de Consultoría No. 096 del 28 de julio de 2016, indicándole a su subalterno funcional, esto es, a José Manuel Barrera Arias, Gerente de la EMAB, que debería ser el escogido. Para tal efecto el Ing. HERNANDEZ SUAREZ, citó al gerente y asesor jurídico a su apartamento, a fines de junio y comienzos de julio del año 2016, ubicado en XXXXXXX Cabecera del Llano B/manga, lugar de su residencia, en donde también ejercía sus funciones como alcalde y miembro de la junta directiva de la EMAB, ordenándose allí su ilícito o prohibido interés, esto es, en abierta desviación de poder”.

El fiscal Jorge Alberto Villamizar Suárez lo acusa del delito de interés indebido en la celebración de contrato. Este es un delito contra la administración pública para el cual el Código Penal establece una pena de prisión de 64 a 216 meses. Es decir, de 5 años y 4 meses hasta 27 años de cárcel.

El escrito lo acusa de ser el determinador –lo que antes se conocía como autor intelectual– de esa conducta, por cuanto, según el documento “a través de orden siembra esa idea criminal en el gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), José Manuel Barrera Arias”, para favorecer de manera ilícita al consultor Jorge Alarcón.

El escrito relaciona más de 50 pruebas documentales, cita 13 testigos y menciona 11 declaraciones de los acusados ante la Fiscalía.

El abogado Elmer Montaña, del Colectivo Control Ciudadano Colombia, también hará públicas hoy varias pruebas contra Hernández que figuran en el pliego de cargos de la Procuraduría que lo procesa disciplinariamente por los mismos hechos.

En ese pliego de cargos se afirma que el propósito de darle ese contrato a Jorge Alarcón consistía en plantar en el proceso al consultor para que hiciera unos pliegos de condiciones a la medida de unos licitantes, que después se llamarían Vitalogic. Así, ellos ganarían un contrato para el tratamiento de las basuras de Bucaramanga estimado en 570.000 millones de pesos.

La afirmación la hace Luis Andelfo Trujillo, partícipe en los hechos, quien asegura que el entonces alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, se reunió dos veces con los interesados en lograr esta licitación: la primera en su apartamento y la segunda en el Hotel Marriott de la Avenida El Dorado de Bogotá.

Según el testimonio, allí les dio información anticipada y privilegiada del proceso y los instruyó para que “pongan una calavera”, es decir, que plantaran a alguien para que los pliegos de la licitación favorecieran a ese proponente. El pliego dice textualmente que, al evaluar los medios de prueba se, logró determinar que la “calavera” es Jorge Alarcón Ayala.

¿Por qué estaba interesado el entonces alcalde Rodolfo Hernández en que esa “calavera” manejara el proceso? El pliego de cargos dice: “(…) con el fin de que su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros, recibiera una comisión, situación sobre la cual existen pruebas documentales autenticadas ante notaría pública, conversaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp, videos, documentos, entre otros, con los que se puede demostrar el plan “maquiavélico” para apoderarse del manejo de las basuras”.

El pliego de cargos también menciona que el llamado “calavera” Jorge Alarcón vivió en el apartamento del alcalde. El propio hijo del candidato Hernández, Luis Carlos Hernández, declaró: “El señor se quedaba en el apartamento de mi papá, que tiene tres habitaciones (…) el señor Alarcón desayunaba conmigo, con mi mamá y mi papá a veces”.

Alarcón no era solamente asesor de la EMAB para elaborar los pliegos de licitación: también estaba previsto que él, junto con el hijo de Hernández y otras personas, recibieran una jugosa comisión de 666.000 dólares más el 2.2 por ciento de las utilidades anuales, cuando los licitantes resultaran favorecidos con el multimillonario contrato.

Según el pliego de cargos de la Procuraduría, Rodolfo Hernández era plenamente consciente de la ilegalidad de lo que estaba haciendo.

El 26 de agosto de 2016, fue creado un documento llamado “Acuerdo de Voluntades” para que el lobista Carlos Gutiérrez les entregara las dos terceras partes la jugosa comisión al hijo del alcalde Luis Carlos Hernández, a su amigo Luis Andelfo Trujillo y al “calavera”, el ingeniero químico Jorge Alarcón, quien elaboraba los pliegos de la licitación.

Hay también varias comunicaciones de WhatsApp que muestran cuál era el papel de Luis Carlos, el hijo del entonces alcalde Rodolfo Hernández. En una de ellas, acuerdan los porcentajes en los que se iban a repartir la coima:

• “Lucho, le voy a dar un consejo. Piense en que, si todo sale bien, se va a ganar solo en esto 280.000 USD solo por la comisión de la planta. Falta ver qué se pacta con el operador. Entonces, como dijo el doctor Jorge Alarcón, cada uno está en el negocio según el esfuerzo que se está haciendo”.

En ese mismo mensaje de texto, Luis Carlos Hernández recuerda el tiempo que le quedaba a su padre Rodolfo Hernández en la Alcaldía de Bucaramanga: “Acuérdese que nos quedan tres años más para hacer cosas buenas. No es solo hacer este negocio y ya. Hay muchas cosas por hacer con responsabilidad”.

En otra conversación por WhatsApp, Luis Andelfo Trujillo le dice al hijo del entonces alcalde que hay que poner una suma para contratar unos abogados. La respuesta deja clarísimo cuál era el papel de Luis Carlos Hernández:

• “Mi trabajo en ningún momento es meterle plata. Mi trabajo es impulsar el proyecto con todo lo que ya hice. Yo puse a la gente a hablar directamente con mi papá. Hice que contrataran al viejo. Yo no estoy para ponerle plata a nada”.

En poder de la Procuraduría también está la grabación de una llamada entre Rodolfo Hernández y el asesor jurídico de la EMAB en la que el entonces alcalde le ordena al abogado César Fontecha que valide ilegalmente una póliza de seguros que presenta Vitalogic para quedarse con el contrato de las basuras.

En la grabación se puede oír a Rodolfo Hernández diciendo lo siguiente. De antemano, les pido que me perdonen la crudeza del lenguaje que usa:

• “Ustedes van a hacer abortar por esa maricada (…) acéptenle la hijueputa esa garantía. Además, es para garantizar la seriedad de la oferta y la seriedad de la oferta cuando le adjudican y firman el contrato cesa la garantía o no”.

El intimidado abogado Fontecha intenta a explicarle al furioso Rodolfo Hernández: “Jefe, lo que pasa es lo siguiente, que es que la norma dice…”.

Hernández no lo deja terminar, cuando le grita: “No, puede decir lo que sea”.

El abogado insiste en que aceptarla sería un acto ilegal: “Pero, no es lo que dice la ley”.

Ante lo cual, Rodolfo Hernández concluye: “Pero eso no importa”.

En fin, la ley sí importa o debería importar.

Algunas personas me preguntan si vale la pena hacer públicas estas evidencias de corrupción que involucran a Rodolfo Hernández, candidato favorito para ganar las elecciones presidenciales, si igual la mayoría de los colombianos va a terminar escogiéndolo.

Mi respuesta es muy simple: el propósito del periodismo no es lograr efectos políticos sino entregarles a los ciudadanos todo aquello que los gobernantes —o quienes aspiran a serlo— quisieran mantener oculto.

Ustedes tienen el derecho a votar por quien quieran y yo el deber de seguir informándolos.

La semana entrante, voy a tomármela libre, para un corto viaje de vacaciones con mi familia.