Acuerdo de Escazú: Con 31 votos a favor, el Congreso de Chile aprobó el tratado
El Senado aprobó la adhesión de Chile a este acuerdo que garantiza el acceso a la información y a la justicia.
Gabriel Boric, presidente de Chile. (Photo by Sebastián Vivallo Oñate/Agencia Makro/Getty Images) / Agencia Makro
El Congreso ratificó este martes la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, tratado regional que entró en vigor en 2021 y que impulsa la defensa de los ambientalistas, los derechos medioambientales y los pueblos indígenas de América Latina.
Con 31 votos a favor, tres en contra y 11 abstenciones, el Senado aprobó la adhesión de Chile a este acuerdo que garantiza el acceso a la información y a la justicia, así como la participación pública en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, suscrito ya por 25 países y ratificado por 13, incluido Chile.
“Quiero decir que esta es una votación histórica. Como gobierno y representación del estado de Chile estamos contentos, creemos que la ratificación si es un hecho histórico porque Chile vuelve con fuerza al multilateralismo”, dijo la canciller Antonia Urrejola, tras la votación.
Lea aquí:
El 18 de marzo pasado - días después de asumir el gobierno -, el presidente izquierdista Gabriel Boric suscribió el acuerdo, cumpliendo su promesa de campaña de incorporar al país a este tratado ambiental, y luego lo envió a la Cámara de Diputados donde fue aprobado la semana pasada.
El acuerdo introduce disposiciones específicas para proteger los derechos de los defensores de la naturaleza en América Latina y el Caribe, donde en 2020 ocurrieron “tres de cada cuatro asesinatos” de ambientalistas en el mundo, según la ONG Global Witness.
El acuerdo de Escazú, el primero de su tipo, también contempla la protección de la biodiversidad en momentos en que países como Chile revisan su modelo de desarrollo, enfrentados a graves problemas como una sequía prolongada y otros desafíos compartidos en una región que atraviesa graves consecuencias por el cambio climático.
“Quiero insistir en que este es un acuerdo de cooperación entre Estados, un acuerdo de cooperación de solidaridad frente a una grave crisis climática, ambiental y frente la grave situación de las defensoras y defensores de derechos humanos”, señaló Urrejola.