El duro concepto contra Farc en Urabá por hablar de secuestros como “retenciones”

La W tuvo acceso a la integridad del concepto entregado hace unos días por la Procuraduría a la JEP sobre observaciones a los aportes de verdad entregados por los excomandantes de las Farc en Urabá como Luis Carlos Úsuga, ‘Isaías Trujillo’, o su esposa Fancy Orrego, ‘Érika Montero’, y otro número de exmandos de la guerrilla en esa región, y en donde cuestionó duramente la contribución entregada por ellos hasta ahora en varios puntos.

Por ejemplo, en referencia a los secuestros, el ministerio público criticó que a estas alturas aún los excomandantes de las Farc sigan hablando de “política de retenciones” y no de secuestros, como realmente se identificó esa abominable práctica.

“...los máximos responsables de las Farc deben continuar reconociendo que el secuestro fue un delito que constituyó una política sistemática de la organización armada, asumiéndolo con entereza, pidiendo perdón a las víctimas y dejando de utilizar el eufemismo de “política de retenciones” para intentar minimizar la gravedad de los hechos” señala el documento.

A su vez, pidió indagar más a fondo sobre las torturas a las que fueron sometidos los secuestrados en esa zona del país como se ha denunciado, sobre todo porque en sus versiones voluntarias los comparecientes desconocieron haber incurrido en esa práctica, e incluso afirmaron que los secuestrados podían moverse, leer, escribir y tallar madera, “con machetes” que les eran facilitados por los propios guerrilleros.

“...se negó por los excombatientes que las privaciones graves de la libertad estuvieran acompañadas de actos configurativos de torturas durante el cautiverio de los secuestrados, así como que también hubiesen realizado este tipo de prácticas en militares rendidos en combates” señala el concepto del ministerio público.

La procuraduría delegada además sentenció que la violencia sexual en las filas de las Farc se extendió “en el interior de las filas guerrilleras” y se convirtió en una “práctica habitual”, revelando además que una de las exguerrilleras citadas confesó que en lo que conoció eran obligadas a abortar.

“...a muchas mujeres las obligaban a planificar con inyecciones o con pastillas y si quedaban en embarazo las obligaban a abortar y les practicaban el aborto en el campamento” se lee en el documento.

Asimismo, se reconoció la aceptación de reconocimiento de varios excomandantes sobre los delitos sexuales que ocurrieron contra guerrillas y personas de la población civil, aunque se calificó que el aporte a la verdad hasta ahora entregado es “insuficiente” y “escaso”.

Además, la Procuraduría recalcó la necesidad de ahondar en el fenómeno de reclutamiento de menores de 15 años en las filas del Frente 34 de las Farc, señalando que los máximos comandantes de la guerrilla en esa zona no asumieron responsabilidad por ese fenómeno; en el caso de Fancy Orrego, ‘Érika Montero’, respondió pidiendo listados para verificar, y aunque aceptó que reclutaban menores desde los 15 años a juicio del ministerio público “busca evadir su responsabilidad en el reclutamiento de menores de 15 años y ampararse en el Estatuto de Roma y el DIH para blindar su conducta de reclutamiento de menores”.

Adicionalmente y en relación con ese punto, la Procuraduría enfatizó en que se encuentre a los menores de edad que según ‘Isaías Trujillo’ estaban en las filas de las Farc, y fueron entregados en Llano Grande como parte de los Acuerdos de Paz para que se “fueran para sus casas”, decisión “extraña” a juicio del ministerio público.

Por lo anterior, el ente de control calificó como no satisfactorios los aportes de verdad de varios de los excomandantes de las Farc como “Isaías Trujillo” o “Érika Montero” en puntos como el reclutamiento de menores y homicidios en persona protegida, así como en otros casos se desaprobó y se pidió más verdad sobre secuestro, desplazamiento forzado y desaparición forzada a otros exintegrantes del Frente 34 de las Farc.