Organizaciones rechazan proyecto sobre sanciones a comparecientes que imponga la JEP

En entrevista con Contrarreloj, Daniela Rodríguez, representante de cinco organizaciones de víctimas como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), se refirió al documento que radicaron en la JEP pidiendo que se archive el proyecto (Conpes) presentado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la jurisdicción, sobre lineamientos para las sanciones que cumplirán quienes aporten verdad en la JEP.

Según la representante de víctimas, el documento se da a conocer en plena campaña electoral y cuando el gobierno actual (muy crítico con el Acuerdo de Paz) va de salida, y está fundamentado en las políticas del gobierno Duque y no en el Acuerdo de Paz. Además lo consideró carente en relación con las posibilidades de reparación desde el lado de los responsables.

“Este borrador se comenta teniendo como base la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque y como nosotros lo hemos indicado en varios espacios, esta política no respeta el espíritu del Acuerdo de Paz, entonces en ese sentido, consideramos inadmisible que un lineamiento no tenga como fuente directa el Acuerdo sino las políticas de gobierno”, señaló Rodríguez.

Asimismo, criticó el Conpes porque a juicio de las plataformas de víctimas, no se especifica ni se tiene en cuenta un trato diferenciado a las víctimas de crímenes de estado, señalando que no pueden imponerse sanciones que terminen suplantando las obligaciones del estado.

“Puede confundirse cuáles son aquellos deberes que debe cumplir un estado para con sus ciudadanos como el de generar infraestructura entre otros, a cuáles son esos mecanismos de reparación que debe tenerse realmente con las personas que tienen la calidad de víctimas” indicó la representante de víctimas.

Adicionalmente, Rodríguez expresó que otro de los puntos polémicos es que se menciona la articulación con el Ministerio de Defensa en el seguimiento al cumplimiento de las sanciones, que a su juicio es “complejo” al tratarse de una de las instituciones que ha tenido una participación directa o indirecta en el conflicto, así como los empresarios (quienes tendrían beneficios de tributación).

Ante todo lo anterior y como se mencionó más arriba solicitaron que se archive el documento y se adelante una discusión más adelante, pero con el próximo gobierno.