Judicial

Coronel Luis Francisco Fula aterriza en la JEP por la masacre de Lamas Verdes

Testimonios de distintos exintegrantes de las AUC lo han señalado de supuestos vínculos con el Frente Resistencia Motilona. Además, varios de los cuerpos de las víctimas iban a ser presentados como bajas en combate del Ejército.

Coronel Luis Francisco Fula aterriza en la JEP por la masacre de Lamas Verdes perpetrada por paramilitares / imagen de referencia. Foto: Getty Images

Coronel Luis Francisco Fula aterriza en la JEP por la masacre de Lamas Verdes perpetrada por paramilitares / imagen de referencia. Foto: Getty Images / FERNANDO VERGARA

La W conoció en primicia que la Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del coronel (r) Luis Francisco Fula Cárdenas procesado por la masacre de Lamas Verdes en Curumaní (Cesar) en 2005, perpetrada por paramilitares del Bloque Norte al mando de Rodrigo Tovar “Jorge 40″ quienes se tomaron esa vereda y la vereda Nuevo Horizonte con total libertad por tres días, asesinado a nueve personas.

La determinación de la jurisdicción fue adoptada debido a que el Batallón Energético Número 3 al mando del coronel Fula Cárdenas no hizo nada para impedir la matanza, e incluso, se le acusó en la justicia ordinaria de haber participado en la planeación de la masacre tras las declaraciones de varios exparamilitares en Justicia y Paz. Además de los homicidios (donde algunas personas fueron lanzadas al abismo), el total de víctimas secuestradas y torturadas alcanzó las 45.

“Si Luis Francisco Fula Cárdenas es referenciado por los ex integrantes del Frente Resistencia Motilona, es porque efectivamente tenía vínculos con este, o sino cómo se explica su presencia en reuniones realizadas con comandantes del grupo irregular, cuando por deber constitucional y legal debía era combatirlos”, señaló la Fiscalía en su momento.

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Incluso, en el documento se asegura que en su momento tras la matanza se tuvo la intención de presentar los cuerpos de las víctimas como bajas en combate del Ejército, pero ante las señales de tortura que tenían los cadáveres tuvieron que abstenerse como lo confesó un integrante del Batallón, suboficial Andrés Mauricio Rosero.

“...al llegar a Portón Rojo se le acercó un comandante y le dijo que ahí estaban los muertos que los recogiera. Que al acercarse evidenció que se encontraban en mal estado, por lo que no quiso hacer la vuelta y se devolvió con los soldados para Santa Isabel”, detalla el expediente.

Es más, las casas de los campesinos fueron incendiadas y se instalaron minas antipersonales, limitando su libre movimiento.

“Adicionalmente sin que los miembros del Ejército Nacional ejecutaran acciones efectivas para evitar o repeler el ataque del grupo armado ilegal a la población civil, los habitantes de las veredas Lamas Verde y Nuevo Horizonte fueron víctimas no solo de la sustracción de bienes de primera necesidad como ganado, víveres y enseres, sino de actos de terrorismo como la quema de sus viviendas”, sentenció la decisión de la JEP.

Debido a que el exalto oficial desconoció haber participado en la planeación y la ejecución de la masacre, señalando que sólo supo de unos “combates” entre guerrilla y Autodefensas la JEP lo cuestionó duramente, indicando que no se refirió a las acusaciones en su contra por parte de exparamilitares, así como de la propia Fiscalía, y recordándole que la suspensión de la orden de captura en su contra sólo podrá mantenerla si aporta efectivamente con la verdad, por tanto deberá ajustar su plan de colaboración.

“Explicará cómo pudieron movilizarse hasta las veredas Lamas Verde y Nuevo Horizonte del municipio de Curumaní (Cesar) más de doscientos integrantes del Frente Resistencia Motilona del Bloque Norte de las AUC y permanecer del 4 al 6 de diciembre de 2005 sin ningún obstáculo ni control por parte de la fuerza pública”, ordenaron los magistrados.

Adicionalmente deberá referirse a si “directivos o delegados de empresas nacionales, internacionales, ganaderos, empresarios o comerciantes, así como agentes del Estado que no eran miembros de la fuerza pública u otros, promovieron a los grupos de autodefensa en el departamento del Cesar y específicamente en la zona que era jurisdicción del Batallón”.

En la decisión también le recordaron que no podrá afirmar que la información de interés para la JEP la entregará solo en audiencia y deberá aclarar entonces si aceptara o no responsabilidad por los crímenes que le endilgó la Fiscalía en su momento.

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