Rector de la Universidad Sergio Arboleda renuncia a ser árbitro en billonario tribunal

Colombia

Ustedes que piensan que el rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera Calderón, es un caradura que no hace nada cuando queda en evidencia que está involucrado en presiones a una fiscal para que cambie una decisión jurídica.

Que tampoco se toma la molestia de responder cuando es descubierto en manejos cuestionables que mezclan sus negocios personales con platas de la Universidad y sus fundaciones. Y que tampoco explica por qué el extraditado Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, menciona a la Universidad Sergio Arboleda en una lista de entidades y personas involucradas con los grupos criminales de los que hizo parte.

Ustedes que piensan todo eso, con razón, se van a sorprender de lo que les voy a contar.

Está bien, el señor se ha quedado campante en todo eso. Sin embargo –y es bueno decirlo porque se sale de su tradición de silencio indolente–, acaba de renunciar a un billonario tribunal de arbitramento por cuenta de la recusación solicitada por la Alcaldía de Bogotá, anunciada aquí en La W.

Por primera vez, la palabra “RENUNCIA” aparece escrita por Rodrigo Noguera y, como diría el poeta y presidente José Manuel Marroquín, “No piensen, no, que es mentira, que lo cuenta quien lo vio”.

Tengo en mi poder la carta. La frase importante señala: “(…) es mi deseo renunciar al cargo de árbitro”:

Es decir, se aparta de decidir una controversia entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), una entidad de la Alcaldía de Bogotá, y la empresa operadora del relleno sanitario de Doña Juana.

El valor estimado que está en juego un billón 195 mil 714 millones de pesos.

Si Bogotá llega a perder las finanzas del distrito capital, van a sufrir mucho.

Noguera renuncia a su papel de árbitro ante sus dos compañeros de tribunal: Alberto Yepes Barreiro, exmagistrado del Consejo de Estado y el reconocido abogado Rodrigo Antonio Durán.

La carta empieza refiriendo que la Alcaldía ha presentado una recusación en su contra, pero que él no admite como válidas las razones de esa recusación. Según el rector Noguera, es la Alcaldía la que “abre y formula cargos contra mí y otras personas, prefabricando la causal sobrevenida del impedimento”.

Oigan esto bien: Noguera afirma que la Alcaldía es la responsable del impedimento sobreviniente por abrirle investigación.

Lo que el rector no dice en su carta es que la investigación se abre por queja del antiguo directivo de la Universidad Sergio Arboleda, el exdecano Leonardo Espinosa, por el uso de una fundación sin ánimo de lucro, controlada por el rector, con el propósito de puentear un negocio multimillonario entre dos empresas particulares de Noguera. Todo a través de una entidad que goza de especiales beneficios fiscales.

Los inspectores encontraron, además, que la fundación sin ánimo de lucro, y manejada por el rector Noguera, le ha prestado sumas importantes al propio rector Noguera, quien lleva años sin devolver 2.300 millones de pesos entregados en generoso crédito al controlador de la fundación. En pocas palabras, el rector Noguera se presta plata a sí mismo.

La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, que elevó cargo contra Noguera, depende de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá. A su vez, la Secretaría Jurídica ejerce la supervisión legal sobre el tribunal de arbitramento.

Así las cosas, es imposible en derecho que Noguera sea árbitro en un litigio donde una de las partes es su investigador.

Los honorarios previstos para Noguera eran de 1.200 millones de pesos. Él ya ha recibido un jugoso adelanto de 600 millones que debe devolver con intereses. Conociéndolo, seguramente los retornará con prontitud.

Parece increíble, pero por primera vez el rector Rodrigo Noguera Calderón conjugó el verbo “renunciar”. Esperemos que no sea la última.

Bonus track

Hace unos días les contamos que varios concejales de Bogotá tienen familiares y allegados con puestos y contratos en la Contraloría General de la República y que, al mismo tiempo, tres funcionarios de la contraloría de Carlos Felipe ‘Pipe’ Córdoba están disputándose el cargo de contralor de Bogotá, cuya elección corresponde precisamente a los concejales.

Un círculo virtuoso del clientelismo. La Contraloría General nombra o contrata familiares de concejales y los concejales eligen contralor de Bogotá a un representante del empleador de sus parientes.

Dijimos que uno de los favorecidos es el presidente del concejo de Bogotá, el liberal Samir Abisambra. Tengo que decir que eso es rigurosamente cierto, pero aquí hay una aclaración que hacer: La beneficiaria no es su exesposa Ana María Restrepo Yepes, como lo habíamos dicho. No señor, ni más faltaba.

La beneficiaria del contrato en la Contraloría General es la actual esposa del concejal Abisambra. La feliz señora se llama Magaly Angélica Serrano Solano.

Su contrato va hasta el próximo 30 de junio, pero puede prorrogarse.

Y aquí viene lo mejor: el contrato lo firma Sandra Patricia Bohórquez, una de las funcionarias de la Contraloría Nacional que aspira a convertirse en la contralora de Bogotá.