Los falsos positivos fueron “política de gobierno” entre 2002 y 2008: Comisión de la Verdad

El comisionado Alejandro Valencia de la Comisión de la Verdad reveló en el marco del evento “Reconocimiento de responsabilidades sobre las ejecuciones extrajudiciales en Bogotá y Soacha”, diez de los hallazgos que fundamentará el órgano transicional en su informe final, en el capítulo sobre falsos positivos.

Allí, el comisionado reveló como una de las conclusiones a las que llegó la Comisión, que los falsos positivos perpetrados entre los años 2002 y 2008 (durante el gobierno Uribe) fueron crímenes de guerra que se perpetraron bajo una “política de gobierno”, la cual “tuvo apoyo de otras ramas del poder público” y esos crímenes tuvieron como fin publicitar la política de seguridad, es decir, la Seguridad Democrática.

“Los asesinatos y desapariciones forzadas, bajo la modalidad de combates simulados, ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en su periodo de exacerbación, año 2002 al 2008 fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron como parte de una política de gobierno”, señaló el comisionado.

Es más, el integrante de la Comisión de la Verdad manifestó que desde las mismas disposiciones legales y extralegales “nacidas desde el mismo gobierno” así como circulares y directivas de las Fuerzas Militares se generó el marco legal que implementó el sistema de “conteo de cuerpos” (a pesar de las alertas desde Estados Unidos). En el mismo sentido sentenció que la Red de Cooperantes del gobierno Uribe impulsó los vínculos entre integrantes del Ejército con grupos paramilitares.

“Se basó en acuerdos para que los paramilitares hicieran presencia impune en los territorios a cambio de señalar personas o entregar cuerpos de personas para presentarlos como bajas en combate, estuvo legitimado a través de la red de cooperantes creada por el gobierno nacional”, afirmó el comisionado.

Además, con dureza el académico señaló que los principales responsables fueron el Ejército Nacional, que tuvo aliados en distintos funcionarios y sectores del poder público, por ejemplo, el Das, la Justicia Penal Militar, el Consejo Superior de la Judicatura y también multinacionales, paramilitares, entre otros.

Adicionalmente, el comisionado afirmó que desde “todos los rangos de la Fuerza” provinieron los esfuerzos y las acciones para tapar los crímenes que se estaban perpetrando año tras año, además indicó que " hubo malversación de fondos del estado, hubo uso inadecuado de dinero proveniente de gastos reservados el cual terminó en manos de civiles y militares que participaron directa o indirectamente en estos hechos”.

Finalmente, el miembro de la Comisión de la Verdad señaló que la cifra de 6.402 falsos positivos recabada por la JEP es un número preliminar con un considerable “subregistro”, la cual puede ir en aumento. Asimismo, señaló que la práctica de ejecuciones extrajudiciales en Colombia se presentó desde la década de los ochenta con militantes de izquierda, o personas señaladas de ser guerrilleros.