Procuraduría pidió confirmar la reparación del Estado a dos víctimas de atentados

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sección Tercera del Consejo de Estado, la confirmación de la reparación de dos víctimas de atentados contra su vida, una de estas ordenada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por la responsabilidad de la Nación por omitir sus funciones al permitir la concreción de actos delictivos de grupos al margen de la ley.

De acuerdo con el Ministerio Público, el Estado colombiano faltó a su deber de proteger a las dos víctimas, una en Cundinamarca y otra en el Atlántico, que habían denunciado amenazas contra sus vidas.

“El Estado colombiano faltó a su deber de proteger a dos personas que habían denunciado amenazas en su contra dadas sus condiciones, uno de concejal y otro militante de un grupo político el cual era objeto de acciones de exterminio”, señaló el ente de control.

El caso ocurrió en 2015, cuando el entonces concejal del municipio de Juan de Acosta, Alci Villanueva, fue víctima de un segundo atentado, que dejó graves secuelas físicas, una situación que pudo prevenirse, según la Procuraduría.

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Por esta razón, tanto la Policía como la Unidad Nacional de Protección (UNP), serían responsables por el daño antijurídico causado, por tener conocimiento de la situación de peligro.

“En consecuencia, quedó demostrada la responsabilidad del Estado sobre los perjuicios ocasionados al exconcejal y su grupo familiar, por lo cual la Procuraduría solicitó confirmar la sentencia de primera instancia modificando lo referente a la doble reparación, por reconocer a la víctima directa reparación por daño a la vida en relación y a la salud simultáneamente”, afirmó.

Por su parte, en referencia al caso del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Procuraduría señaló que los hechos ocurrieron en enero del año 1994, en Aguachica, Cesar, cuando fue asesinado un servidor público e integrante del ‘Movimiento Político Acción Comunitaria’, después de alertar a diferentes entidades sobre el peligro que corría su vida.

“Para el órgano de control es evidente que los miembros de la Policía Nacional y del Ejército Nacional no están exentos de responsabilidad, pues omitieron los deberes de protección de la vida de este ciudadano pese a tener conocimiento del riesgo en el que se encontraba dada su militancia en el movimiento político MAC, y la violencia generalizada que se presentaba en el municipio hacia los militantes de dicha agrupación política, que ya había cobrado la vida de varios de sus integrantes desde 1992”, se lee en el documento.

Finalmente, la Procuraduría fue enfática en que la sentencia del Tribunal debe ser confirmada, respecto a la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación sobre los hechos antes mencionados.