“El mencionado hecho es cosa juzgada”: Unicartagena tras señalamiento de ‘Otoniel’
La Universidad emitió un comunicado en el que señala que la mención atiende a la responsabilidad personal de funcionarios y no de la institución.
La Universidad de Cartagena volvió a ser noticia este fin de semana tras ser mencionada en la columna de Daniel Coronell, como una de las instituciones usadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para sacar quedarse con recursos públicos.
En su columna, Coronell señala que la Universidad fue mencionada por alias ‘Otoniel’ en una lista de personas e instituciones que apoyaron o sirvieron para que el Clan del Golfo y otras organizaciones al margen de la ley se financiaran.
El uso de Unicartagena se habría dado a través de contratación pública en Casanare y el Meta. “Tuvo unos contratos muy grandes la Universidad de Cartagena y la Universidad Sergio Arboleda también, con el conocimiento de la organización total (…) Allí está el hospital directamente el gobernador lo dio a la organización. El contrato le quedó al Bloque Centauros. Lo hizo la Universidad de Cartagena, pero las utilidades eran de la organización”.
Ante esta mención, la Universidad de Cartagena emitió un comunicado en el que señalan que los hechos mencionados ocurrieron en el año 2002 y “fueron objeto de investigación y juicio, mediante decisión contenida en la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, el nueve (09) de julio del dos mil catorce (2014)”.
Y continúan anotando que, “en atención al debido proceso, el mencionado hecho es cosa juzgada, y atiende a la responsabilidad personal de funcionarios de la época y no involucra el buen nombre de la institución".
Se trata de un contrato que le adjudicó la Gobernación de Casanare a la Universidad en 2002, por $47.970 millones.
Según el portal La Contratopedia Caribe, la obra se demoró 9 años en construcción y 13 años para entrar en funcionamiento, por lo que la Contraloría determinó que hubo daño patrimonial y profirió fallo con responsabilidad fiscal por $59.460 millones contra los exgobernadores de Casanare William Pérez Espinel y Raúl Flórez Chávez, y el exrector de la Universidad de Cartagena, Sergio Hernández.