Tres de diez aspirantes a la Contraloría General tienen líos judiciales

En una carta enviada al Senado, la Fiscalía General de la Nación reveló que tres de los diez aspirantes a la Contraloría General tienen líos judiciales.

En los registros de vinculación a procesos penales activos aparecen:

Aníbal José Quiroz Monsalvo, quien tiene abierto un proceso por prevaricato por omisión. Él es el actual contralor delegado Unidad de regalías-coordinador grupo macro y es hermano presidente Corte Suprema.

También está Luis Carlos Pineda Téllez, a quien le figuran activos dos procesos por prevaricato por acción. Él es el actual contralor delegado para la Participación Ciudadana.

María Fernanda Rangel Esparza, quien tiene abierto un proceso por estafa, en la dirección seccional de Nariño, y otro por hurto, en la dirección seccional de Caldas. Ella dirige la Dirección de Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría.

Según el cronograma, el 26 de julio los finalistas serán entrevistados en la plenaria de la Cámara de Representantes, mientras que el 27 de julio serán invitados a la plenaria del Senado. El registro corresponde a investigaciones y no a condenas, por lo que aún no se ha tomado una decisión sobre la responsabilidad de estas personas en los hechos a los que aparecen vinculados.

El próximo Congreso, en pleno, elegirá al nuevo contralor general el 3 de agosto.

Al respecto, Luis Carlos Pineda aseguró a W Radio que durante sus 15 años de ejercicio profesional no ha sido comunicado y/o notificado de investigaciones, procesos o denuncias penales en su contra, por lo cual “desconocía las situaciones que se indican”.

“No obstante, consultadas las situaciones enunciadas, corresponde a una acción adelantada por uno de los inconformes con el proceso y la decisión fiscal de la Contraloría General de la República por causar un daño patrimonial a la Licorera del Valle durante los años 2008-2010″, afirmó.

Seguidamente afirmó que afirmó que este fallo por más de 39.000 millones de pesos, que ocurrió hace once años fue ratificada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por el Consejo de Estado.

Por esto advierte que “cumpliendo con mi deber, se estableció un daño patrimonial al Estado evitando una pérdida de recursos por más de 39 mil millones de pesos, situación que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado”.