Masacre de Bojayá entrará a la JEP

Los magistrados del tribunal de paz, llegarán hasta Bellavista (cabecera municipal de Bojayá, en el departamento del Chocó), el próximo 2 de mayo, fecha en la que se conmemoran los 20 años de uno de los casos de violencia más emblemáticos en la historia reciente de Colombia, para anunciarlo.

Ésta sería la primera masacre investigada por la justicia transicional, que acogería el macro caso 04 que prioriza los hechos del conflicto armado ocurridos en la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en los departamentos de Antioquia y Chocó y por la que se investigará a los máximos responsables de la extinta guerrilla de las Farc, por configurarse un grave crimen de guerra.

Una alta fuente de la Jurisdicción Especial para la Paz le confirmó a este medio que en la iglesia del pueblo se oficiará una ceremonia conmemorativa, donde familiares de las víctimas, sobrevivientes de la cruenta masacre, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la JEP explicarán las implicaciones y el alcance de dicho anuncio.

Bojayá, 20 años de olvido:

Han pasado 20 años desde que a la iglesia de San Pablo Apóstol de Bojayá, llegaron un 2 de mayo de 2002, paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se habían enfrentado durante tres días y que provocaron la muerte de 80 personas, la mitad de ellos niños y niñas, luego de que una pipeta cayera en la iglesia del pueblo, donde la comunidad buscó protegerse de las balas.

Los sobrevivientes que salieron despavoridos de la región ese 2 de mayo, pasados los años regresaron; porque pensaban que la salida de las FARC tras el Acuerdo de Paz, iba a permitirles empezar de nuevo. Sin embargo, el abandono estatal, representada en una falta de oportunidades laborales, nula inversión en programas sociales y la escasa infraestructura, fueron el caldo de cultivo perfecto, para que llegarán nuevos actores armados, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que iniciaron una campaña de expansión, una disputa por los corredores estratégicos de movilidad y por el control de economías ilícitas.

Pese a que la población ha quedado confinada en medio de los enfrentamientos en más de una oportunidad, y a que la Defensoría ha emitido más de siete alertas tempranas, por las amenazas contra la población civil, el desplazamiento forzado, reclutamiento de menores de edad y el confinamiento de las comunidades indígenas y afrocolombianas en los resguardos, la violencia no da tregua, el escalamiento de la confrontación entre ambos grupos armados continúa.