Los posibles remplazos del fiscal/defensor Gabriel Ramón Jaimes en el caso de Álvaro Uribe
El fiscal general Francisco Barbosa debe decidir en los próximos días si mantiene como acusador a Jaimes o si lo remplaza por uno de estos tres delegados ante la Corte.
Colombia
El fiscal/defensor de Álvaro Uribe es el segundo mayor perdedor que deja la decisión de señora jueza Carmen Helena Ortiz Rassa, de llevar a juicio al expresidente.
El impecable trabajo jurídico de la jueza 28 penal del circuito desnudó no solamente la parcialidad sino la incompetencia de Gabriel Ramón Jaimes.
El fiscal no fue capaz siquiera de llamar a interrogatorio al señor expresidente Álvaro Uribe. Al contrario, dedicó todo los recursos del ente investigador –y sus escasas luces jurídicas– a una campaña frenética para desprestigiar a los testigos de cargo y para interpretar enrevesadamente las evidencias.
Se hizo el de la vista gorda ante pruebas incontrovertibles y forzó la manija de otras para hacerlas coincidir con su tesis. Desde luego hay mala intención pero sobre todo una terrible falta de preparación para el cargo.
En contexto:
Nadie esperaba que el fiscal Jaimes fuera un genio. Hasta hace poco estaba relegado en una pequeña población de Cundinamarca cuando Francisco Barbosa decidió desempolvarlo, traerlo para el bunker y convertirlo en su hombre de confianza.
A muchos en la Fiscalía les sonó raro que confiaran tan altas responsabilidades, incluyendo la coordinación de los fiscales delegados ante la Corte Suprena, a una persona que no pudo alcanzar en un concurso de conocimientos el puntaje mínimo para aspirar a una mejor posición en la Rama Judicial.
Hace unos años, en un concurso para optar por posiciones judiciales, el requerimiento mínimo para pasar a la siguiente ronda era de 800 puntos: Jaimes no pudo ser juez del circuito especializado porque apenas logró 596 puntos, y tampoco le alcanzó para ser juez penal del circuito: solo obtuvo 604 puntos. Menos aún ser magistrado de sala disciplinaria, ni de tribunal administrativo.
Su evidente dificultad con los temas jurídicos no fue obstáculo para que su correligionario Alejandro Ordóñez lo elevara a altos cargos en la Procuraduría. Ni para que el fiscal Barbosa lo reimportara en calidad de obediente.
Sumiso con los poderosos y arrogante con los débiles. Aún se recuerda su WhatsApp burlando la autonomía de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, diciendo que tenían que consultar con él y con Barbosa el sentido de sus fallos.
Su escasa competencia tampoco fue inconveniente para obtener premios burocráticos: 45 días después de recibir la delegación del caso del expresidente Uribe, su esposa Ruby Cecilia Durán fue nombrada en un alto cargo en la Defensoría del Pueblo.
Jaimes, apabullado por el trabajo riguroso de la jueza Ortíz, no pudo juntar argumentos para apelar. Anoche a las 9:13 minutos quedó cerrada esa posibilidad porque la ley descarta los recursos después de la terminación de esta clase de audiencias.
El remplazo de Jaimes saldrá de los restantes 11 fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
Hay tres nombres de posible remplazos de Gabriel Ramón Jaimes en el caso Uribe. Los tres son mejores que él, lo cual no es tan difícil:
- La primera es la Fiscal Quinta delegada ante la Corte, Mónica Jiménez Granados, quien investigó y llevó a la cárcel al exgobernador de Santander, Richard Aguilar.
- El segundo opcionado es el fiscal primero delegado ante la Corte, Jorge Hernan Díaz Soto. A su favor tiene su trayectoria investigando y acusando políticos como el gobernador del Tolima Óscar Barreto. En su contra, haber archivado un caso contra Gabriel Ramón Jaimes, su jefe en ese momento.
- El tercer posible remplazo de Jaimes es Julio Ospino, fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema, quien acusó al exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco e investigó las chuzadas del DAS contra magistrados, opositores del gobierno Uribe y periodistas.
Probablemente, uno de ellos será el encargado de ejercer como fiscal en el juicio al señor expresidente Álvaro Uribe.
El juicio puede durar años y en últimas terminará resolviéndose en casación por la Corte Suprema de Justicia, de cuya jurisdicción quería escapar Álvaro Uribe cuando renunció al Senado.
