“Jamás di la orden”: General (r) Paulino Coronado sobre los falsos positivos

En la primera jornada de reconocimiento de responsabilidad que se adelantó en Ocaña, Norte de Santander, el general (r) Paulino Coronado, fue el último en intervenir. Su esperado testimonio no fue satisfactorio para los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Coronado se ratificó en que jamás dio la orden ni auspició los falsos positivos y puntualizó: “acepto mi responsabilidad por exceso de confianza al haber asumido como cierto lo manifestado por mis subalternos en cuanto a que las operaciones militares eran legales, cuando no lo fueron. Acepto mi responsabilidad por no haber investigado para sancionar estas falsas operaciones, acepto mi responsabilidad por no haber visto lo que estaba pasando”.

Si bien Coronado se atuvo a la imputación que le hizo la JEP en 2021, que fue por omisión como comandante de la Brigada 30, reiteró en su intervención que él no tenía conocimiento de lo que estaba pasando con sus subalternos en la región, “aunque la Fiscalía y la JEP evidenciaron que jamás di la orden o planeé los asesinatos cometidos por hombres bajo mi mando (…) acepto la responsabilidad”.

El general (r) Paulino Coronado manifestó que era responsable por no haber previsto que “la política de inflexión física”, que significa presión por bajas, impulsada por el quien fuera en ese entonces el comandante del Ejército, general Mario Montoya, y que condujo a la comisión de esos crímenes y detalló: “controvertí al general en retiro Mario Montoya, pero fallé al no haber fijado una posición firme frente a las presiones que venían desde el comando de la Segunda División” y continuó “ellos rompieron la cadena de mando al increpar directamente, mediante programas radiales del Ejército a los oficiales y suboficiales, de los pelotones, pasando por encima mío”.

Mientras las caras de los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales presentes en el auditorio se iban transformando, el general (r) aseguró: “si mi llamamiento a calificar servicios sirvió para que se parara esta práctica criminal (...) bienvenida mi imputación, pasaré a la historia como el primer general condenado por estos hechos”.

Acto seguido, la magistrada de la JEP Catalina Díaz le recordó a Coronado sobre una reunión que habría tenido ocasión el 6 de diciembre de 2007 en Ocaña, un año antes de que las madres de Soacha irrumpieran en la vida pública y destaparan casos de falsos positivos, dicho encuentro fue convocado por el movimiento campesino del Catatumbo y la Asociación Minga, allí los líderes sociales y defensores de derechos humanos habrían denunciado al general (r) Coronado y a la Fuerza Pública que “en la región venían sucediendo ejecuciones extrajudiciales”.

De acuerdo con la magistrada de la JEP, “está probado que él asistió a esa audiencia pública, él lo reconoce; pero él dice que allí ningún campesino denunció lo que estaba pasando”.

Con un relato ambiguo frente a su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales y el reclamo de las víctimas, cerró la primera jornada de reconocimiento de comparecientes en Ocaña por el macrocaso 03 de falsos positivos en el Catatumbo, donde la JEP imputó a diez militares colombianos y un civil, en el mismo lugar, en el que 14 años atrás llegaban las madres del municipio de Soacha para identificar en fosas comunes los cuerpos de sus hijos, jóvenes inocentes que fueron engañados con falsas promesas de trabajo, trasladados hasta Ocaña, asesinados en total estado de indefensión y presentados como “bajas dadas en combate”.