Canal de Isabel II busca recuperar el control de la Triple A

Funcionarios de la empresa pública española, Canal de Isabel II, se encuentran en Colombia con motivo de la primera reunión de alto nivel en la Casa de Nariño, que buscará una solución diplomática a la situación que surgió después del proceso de enajenación temprana de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Triple A.

En semanas anteriores, la Comunidad Autónoma de Madrid había advertido su intención de acudir a instancias legales, con el fin de recuperar el 82% de las acciones de la empresa, luego de que el paquete fuera vendido por 565.000 millones pesos, el 3 de diciembre del pasado año 2021 al Distrito de Barranquilla.

Si bien, el proceso de enajenación temprana fue viable en la legislación colombiana, para España, esas normas aplican en bienes incautados a la mafia, calificando la venta como expropiación.

Hay que mencionar que la empresa europea Canal de Isabel II tenía el manejo de la Triple A, bajo su filial Inassa, misma a la que en 2018, la Fiscalía le incautó las acciones dentro de una investigación por presuntos hechos de corrupción, razón por la que la Sociedad de Activos Especiales, SAE, las tenía en su poder.

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Precisamente, fue esta última la que realizó la negociación de las acciones entre el Distrito de Barranquilla y la empresa Alumbrado Público de Barranquilla, APBAQ, que, en su momento, generó polémicas por la participación de megacontratistas privados, entre los que se encontraban las organizaciones Alutrafic Led S.A.S y el Grupo Ethus, propiedades de las familias Daes y William Vélez Sierra, respectivamente.

Por esta razón, la misión oficial comenzará una serie de encuentros diplomáticos, en los que participarán ministros europeos, delegados de Canal de Isabel II y el Presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.

Las reuniones se llevarán a cabo tras las solicitudes de Inassa y de la Embajada de España ante la Consejería Presidencial para la Competitividad, pidiendo explicaciones por lo que consideran un delito.

Por su parte, en el Juzgado Primero Penal Especializado de Barranquilla, se surte el proceso que se encuentra en etapa de estudio del material probatorio, sobre este caso y que decidirá si las acciones regresarán al control de Canal de Isabel II.

Recordemos que tanto la SAE como el Distrito han sostenido en múltiples ocasiones que el documento de compra firmado se encuentra sometido a confidencialidad.

Es importante señalar que en el pasado mes de marzo se conocieron los documentos judiciales en los que se reveló que la empresa española estaría dispuesta a pagar hasta $4.5 millones de euros en especialistas que los representaran en el conflicto legal por la recuperación de la Triple A.

La intención de Canal Isabel II es salvar el capital público invertido en la entidad, en la que el pasado año ingresaron más de $150 millones de euros.