Entes de control escucharon a la población de Salaminita, Magdalena
Hace un año, el Estado les devolvió sus tierras. La sentencia decía que debían garantizarles vivienda digna, salud, educación y no se ha cumplido.
Luego de que la comunidad de Salaminita, Magdalena, se tomara las vías de hecho para exigir que dieran cumplimiento a los acuerdos pactados para el mejoramiento de los servicios públicos, entes de control se reunieron con la población para hacer seguimiento a los compromisos pactados.
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Debido a esto, la administración departamental convocó a una mesa interinstitucional de diálogo social con el fin de conocer el estado de atención a esta población víctima de la violencia y el conflicto armado, que a seis años de haberse proferido la sentencia, todavía carecen de agua potable, infraestructura educativa para los niños, puesto de salud, alcantarillado y la construcción total de sus viviendas en centro poblado y área rural, que fueron arrasadas con buldócer por grupos armados que los desplazó de su territorio.
Ernesto Sierra Orozco, personero del municipio de Pivijay, índico que: “me llevo varias preocupaciones como Ministerio Público, porque en principio se vio un rifirrafe, entre las posturas de la gobernación y del municipio. Hoy nos vamos intranquilos con respecto a la construcción de un acueducto que garantice agua potable porque no vimos compromisos serios de parte de la Gobernación, ellos manifiestan que para intervenir necesitan permisos o entrega de comodatos por parte del municipio”, manifestó el funcionario.