La junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba era mayoritariamente paramilitar: Benito Molina en la JEP

La W tuvo acceso a la versión voluntaria rendida ante la JEP por el expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Molina Velarde, la otra cabeza visible del despojo de tierras en la zona de Tulapas en Urabá (además del exgerente Benito Osorio Villadiego), y quien en su declaración aceptó haber sostenido pactos y reuniones no sólo con Carlos Castaño, sino con su hermano Vicente Castaño, sellando una alianza macabra que generó el desplazamiento de cientos de familias en ese territorio.

De acuerdo con lo confesado por el expresidente del Fondo Ganadero, luego de reunirse con Carlos Castaño se acordó que se generaría una junta directiva acorde con los lineamientos “del proyecto paramilitar”, asunto que fue adelantado según Molina por el exgobernador y accionista José María López, quien trajo a Benito Osorio (quien había sido su secretario de gobierno) así como a Carlos Sotomayor (su extesorero) y el empresario Luis Gonzalo Gallo, con esos fines.

Precisamente sobre Luis Gonzalo Gallo, según Benito Molina, el empresario Gallo se reunió con paramilitares de la casa Castaño para la compra de tierras en Tulapas.

“Él (Luis Gonzalo Gallo) con Benito Osorio se reunieron y creo que en varias ocasiones para llevar a cabo el proyecto de compra de tierras, la relación de Luis Gallo con Carlos Castaño era tal vez de Benito Osorio, o sea que se encontraban con él y Benito Osorio lo llevaba”, sostuvo

El expresidente del Fondo Ganadero también confesó que se reunió en distintas ocasiones con Vicente Castaño en las instalaciones del Fondo y que se le designó como el vocero de las Autodefensas ante esa agremiación ganadera “lo que significaba diálogos entre este señor y miembros de la junta directiva del Fondo”.

“...yo apoyo de esa manera la idea de Vicente Castaño, de invertir en el Urabá y dejar que sus postulados ingresaran al fondo ganadero de Córdoba, por intermedio del Mono López, quien recomendaba a Benito Osorio, Carlos Sotomayor y Luis Gallo Restrepo quienes llegaban al Fondo con la intención de gestionar recursos públicos a favor aparentemente del Fondo, pero realmente estaban dirigidos para apoyar el proceso armado de las AUC y luego financiar su desmovilización”, sentenció Molina.

En línea con lo anterior, Molin afirmó ante el despacho de la magistrada Nadiezhda Henríquez que una de sus exigencias a Vicente Castaño fue el cambio de los estatutos del Fondo para ser presidente y controlar las actuaciones de Benito Osorio recién nombrado gerente. El expresidente afirmó que Vicente Castaño le comunicó a todos los integrantes de la junta directiva los “acuerdos alcanzados” con las AUC, por lo cual Luis Gonzalo Gallo adelantó esos cambios de los estatutos ante la Superintendencia de Sociedades y la Cámara de Comercio de Montería.

La declaración ante la JEP del expresidente del Fondo continuó con la forma en la que, según él, se selló la alianza paramilitar entre el Fondo Ganadero y la casa Castaño, afirmando que el pacto de adquisición de 8.000 hectáreas efectivamente se zanjó en la Finca La 52, donde (algo que no se sabía) indicó que estuvo además de Vicente Castaño su hermano Carlos. Por parte del fondo sostuvo que asistieron “José María López Gómez, Benito Osorio Villadiego, Carlos Sotomayor, Luis Gonzalo Gallo, Orlando Fuentes Hessen, Bernardo Vega Sánchez y mi persona”.

Incluso, según Molina en esa misma reunión se organizó la “junta directiva” de los paramilitares para comenzar la compra de tierras en la zona de Tulapas, quedando Sor Teresa Gómez al mando, su comisionista era Guido Vargas “camisa verde” y el mayordomo Oliverio Álvarez era el encargado de “verificar la salida de familias de la zona”.

En su relato, asimismo, reafirmó que una de las técnicas de los paramilitares para sacar a las familias y que nunca volvieran era quemarles sus casas.

“No solamente para que no regresaran, era para que se fueran, la amenaza era que les decían ustedes qué hacen aquí, saquen sus cosas y les quemaban las casas para que los señores no tuvieran donde vivir y tuvieran que irse, eso se sabía, es el desplazamiento más forzado que se puede imaginar”, detalló ante la JEP.

Además, sobre el mismo asunto del despojo según la confesión de Benito Molina, el abogado Carmelo Esquivia, adscrito al Fondo, les contaba que el comisionista Guido Vargas tenía que inventarse firmas en los documentos de venta algunas veces porque la gente no sabía “ni escribir”.

Por otra parte y profundizando sobre la forma en que cerca de 700 hectáreas de desplazados con distintos problemas de titulación fueron legalizadas, Benito Molina acusó gravemente al exdirector del Incoder Arturo Vega Varón de haber liderado la titulación de esas tierras, afirmando que sorprendentemente pasó de ser accionista del Fondo (conociendo lo que estaba pasando) a también ostentar ese cargo fundamental para esos fines, nombrado por el presidente Álvaro Uribe Vélez (con gestión de Luis Gonzalo Gallo).

“Gracias a la gestión del señor Mono López, de los señores Carlos Sotomayor y Luis Gallo Restrepo, se logra el nombramiento del señor Arturo Vega Varón, por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez como director de Incoder, hecho relevante por cuanto se necesitaba una persona de confianza que representara los intereses del Fondo en la legalización de predios adquiridos de manera irregular y mucho mejor si esta persona salía de la misma junta directiva del fondo”, indicó Molina.

Incluso, añadió que Vega “desde el Fondo sale a presidir Incoder, con el propósito no sólo de legalizar las tierras adquiridas por el fondo, sino todas las tierras despojadas por los paramilitares en el país”.

Además de Arturo Vega, el expresidente del Fondo Ganadero también señaló a la señora María Inés Cadavid directora jurídica del Incoder en su momento de haber participado también en dar apariencia de legalidad a esas adquisiciones, y señaló que se enteró que era muy amiga de Sor Teresa Gómez (cuñada de los Castaño y encargada del despojo de tierras en Tulapas).

“La cabeza visible era la doctora Cadavid, la doctora Cadavid era muy amiga de “doña Tere” (Sor Teresa Gómez), se empezó a agilizar la entrega de autorizaciones para la venta de tierra pues porque “Doña Tere” era quien estaba haciendo la representación de las personas que venían y de que si en ese momento cuando le decían que vendiera no tenía título pues le tramitaban el título”, afirmó el expresidente Molina.

Por otra parte, Benito Molina también detalló la forma en la que se produjeron las transacciones con Sor Teresa Gómez y los Castaño para comprarles las tierras de los campesinos desplazados, señalando que la cuñada de los Castaño reclamaba cheques firmados por Benito Osorio, el 50% se pagaba con la promesa de compraventa y el 50% cuando ya se presentaba la escritura y el campesino despojado ya había entregado su tierra.

Además, al ser interrogado reconoció ante la JEP que se terminaron irrigando recursos del Fondo a las arcas del paramilitarismo por cuanto el promedio de compra de cada hectárea era de $350.000, pero si se adquiría a un precio menor el dinero sobrante y un 5% mencionado era de Sor Teresa Gómez y su grupo criminal.

“El precio que se fijó como promedio fue 350.000 pesos más o menos un 5%, si el promedio de las tierras que se compraron ya sumando todo lo sumado con todo lo pagado y se pagó vamos a decir $320.000 por ejemplo, ese 5% más la diferencia, o sea que pudo ser mayor - Profesional Fabián Oyaga: ¿entonces ese dinero no dejado de pagar ingresaba a las Auc?; - responde Molina: sí, porque ellos tenían la posibilidad de ver cómo lo manejaban”, sentenció.

En su confesión el expresidente del Fondo Ganadero también se refirió a los negocios con Procaucho (2005) y la Reforestadora Industrial de Antioquia (RIA), afirmando que la disposición de terrenos de la zona de Tulapas (que aún se mantiene a pesar del escándalo según Molina) para sus proyectos, tuvo como ejes a Benito Osorio y a Luis Gonzalo Gallo.

Particularmente sobre la explotación de caucho por parte de Procaucho, y las iniciativas de la asociación Asocomún (según Molina de desmovilizados con cercanía a Fredy Rendón “El Alemán”), el expresidente del Fondo sostuvo que Luis Gonzalo Gallo y Carlos Sotomayor participaban en sus iniciativas, al estar inmersos en el “proyecto político” del Bloque Elmer Cárdenas.

Asimismo, señaló que Luis Gonzalo Gallo y Carlos Sotomayor Hodge tenían especial interés en recabar recursos públicos, por lo cual buscaban negocios que tuvieran cooperación estatal, y consiguieron dineros prestados de Finagro para “predios no legales” y créditos con el Banco Agrario que no eran vigilados sobre la destinación que se le daban a los mismos, según Molina, Luis Gonzalo Gallo era un hombre de un poder inmenso en el gobierno.

Incluso, de acuerdo con lo sostenido por el expresidente del Fondo Ganadero ante la JEP, el exaccionista Carlos Sotomayor continúa hoy beneficiándose de la explotación de madera en la zona de Tulapas y expuso a un señor de nombre Aníbal Burgos, como ficha hoy de Sotomayor para que amedrente a los reclamantes de tierras.

“...hoy es un aparente representante de víctimas de despojo en las Tulapas, pero en realidad hacía parte de las AUC y es más trabajó para el FGC como capataz en varias actividades de campo”, suscribió el expresidente Molina.

W Radio consultó a la defensa del empresario Luis Gonzalo Gallo, salpicado por el expresidente Benito Molina Velarde, quienes respondieron que todos esos señalamientos son actualmente respondidos ante la JEP, la cual deberá contrastar esas afirmaciones.