Fiscalía llegó a preacuerdo en caso de chuzadas

La Fiscalía General firmó un preacuerdo con Laude José Fernández, implicado en el escándalo de chuzadas desde la fiscalía contra abogados, el sindicato de Avianca, entre otros.

Fernández pagará 4 años de prisión y una multa de 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de los hechos. Durante la audiencia en la que se dio a conocer este acuerdo Laude pidió perdón a los afectados por las interceptaciones ilegales y a la sociedad por los actos ilícitos cometidos.

El acusado aceptó los cargos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y de violación de datos personales.

El abogado Felipe Jaramillo, victima en el caso, celebró el preacuerdo e instó a la justicia a continuar con la investigación judicial.

“Fuimos perfilados el presidente de ENEL CODENSA y el suscrito...la decisión de Laude de aceptar cargos se suma a la de funcionarios de la fiscalía como la de Luis Carlos Gómez Góngora”, dijo el jurista.

Estos son los hechos narrados por la Fiscalía:

Dentro de la ejecución del contrato marco No. 101500 del 22 de junio de 2018 y su derivada “propuesta de servicios 307″ -presentada el 12 de julio de 2018 por el acusado a la doctora Diana Margarita Vivas Muñoz-, el GEB contrató a Laude José Fernández Arroyo, como representante para Colombia de BRG, para que realizara funciones propias del portafolio de servicios ofrecidos en relación con la investigación sobre cinco (5) personas en el Eje Cafetero, entre ellas el abogado Felipe Jaramillo Londoño.

El lunes 25 de junio de 2018, es decir, un (1) día hábil después de la suscripción de este acto jurídico matriz, el señor Luis Carlos Gómez Góngora presentó, sin orden previa, el informe de investigador de campo del 25 de junio de 2018 dentro de la indagación 110016000023201380558, conocida por el señor Fabio Augusto Martínez Lugo, como Fiscal

32 Especializado, que consagró los espurios motivos fundados que respaldaron las ilegales órdenes de interceptación de comunicaciones de los abonados celulares utilizados por los señores Felipe Jaramillo Londoño y Lucio Rubio Díaz, individuos con quienes el GEB tenía discrepancias judiciales.

Síntesis

En síntesis, puede evidenciarse el mismo modus operandi en las interceptaciones telefónicas dispuestas tanto para el señor Pinzón Saavedra, dentro de un proceso, como para los señores Jaramillo Londoño y Rubio Díaz, dentro del otro:

Pocos días después de un evento determinante en el marco de las relaciones contractuales de BRG con sus clientes (en un caso, la iniciación de procesos disciplinarios por parte de Avianca a empleados sindicalizados y, en el otro, la suscripción del contrato marco con BRG), el señor Luis Carlos Gómez Góngora -quien se conocía de tiempo atrás con el señor Laude Fernández Arroyo- rindió informes a policía judicial sin orden previa y espurios, dirigidos al exfiscal Martínez Lugo.

Con fundamento en estos informes de Luis Carlos Gómez Góngora, el señor Martínez Lugo emitió órdenes de interceptación de comunicaciones, al interior de procesos sin actividad procesal cercana al informe de policía judicial (y, en el caso del proceso 110016000023201380558, inactivo), por breves períodos de tiempo.

Posteriormente, los respectivos analistas rindieron informes sobre sus actividades de escucha, monitoreo y análisis, identificando a los portadores de estos teléfonos y recalcando la irrelevancia de esta actividad investigativa con los hechos propios de la actuación dentro de la que se efectuaron.

A pesar de la impertinencia de estas comunicaciones interceptadas con los hechos propios de estas investigaciones, el fiscal de conocimiento solicitó quemados adicionales de los DVD en los cuales se encontraban contenidas. Estos no fueron registrados en el sistema misional SPOA de la Fiscalía General de la Nación, ni ingresaron al almacén de evidencias de la entidad.

En el caso particular de las conversaciones de los señores Pinzón Saavedra y Jaramillo Londoño, en algunos eventos, hicieron parte de los informes para el cumplimiento del contrato realizado por el señor Laude José Fernández Arroyo.

Compilación y divulgación de información personal por parte de laude José Fernández Arroyo.

GEB

En marzo de 2019 el señor Laude José Fernández Arroyo hizo entrega a los asesores jurídicos del GEB, quienes se encargaban, por prestación de servicios, de los litigios penales en contra de los peritos que hacían las valoraciones de las servidumbres en los procesos civiles en los cuales el señor Jaramillo Londoño era contraparte, del informe final del tema objeto del contrato, denominado “Caso Eje Cafetero”.

Este informe tiene un perfilamiento de varias personas, sobre las cuales se recolectó información general y familiar, trayectoria profesional, vínculos de interés, situación legal y regulatoria, entre otros. Sin embargo, llama la atención que en este informe, de forma expresa, BRG consagra que consultó con “fuentes humanas confidenciales” para recaudar la información plasmada en el informe.

Respecto de estas “fuentes humanas confidenciales” citadas en el documento, no hay referencia alguna acerca de su fuente, identidad u origen, llamativo porque estas sirven como acreditación para resaltar información íntima de las personas investigadas, tales como contactos sociales y reuniones, entre otros.

Tras analizar este informe final, la Fiscalía General de la Nación se encuentra en capacidad de afirmar con probabilidad de verdad que se efectuó una compilación de datos personales de sus víctimas. Ha de destacarse que estas fueron los individuos concretos sobre los cuales se rindió el informe y, en adición, terceras personas, entre las cuales se incluyeron menores de edad.

Entre los datos personales recolectados se encuentran datos biométricos (tales como fotografías de diversos individuos, entre los cuales se ubican menores de edad), identificación de núcleos familiares (incluyendo integrantes menores de edad) y direcciones de residencia, entre otros. Algunas de las víctimas de este informe final donde se compilan, sin autorización de sus titulares, los datos personales se resaltan los señores Felipe Jaramillo Londoño, Miguel Ángel Duarte Pulido, Esteban Cadavid Bedoya, Carlos Enrique Lee Gómez y Consuelo González López.

Avianca

Por requerimiento formal del cliente, BRG proyectó el documento denominado “Investigación Integral” de abril de 2018, entregado por el acusado, que contiene información relacionada con ACDAC y algunos de sus integrantes.

Este documento contiene datos personales de sus víctimas, por ejemplo, información relacionada con posibles afinidades religiosas y políticas, pertenencia a agrupaciones sindicales e identificación de núcleos familiares, entre otros. Algunas de las víctimas de este informe final donde se compilan, sin autorización de sus titulares, datos personales son los señores Jaime Hernández, Jorge Mario Medina Cadena, Orlando Cantillo Higuera, Julián Gustavo Pinzón Saavedra y Alonso Obando.

Para concluir, la investigación estableció que desde las salas de interceptación de comunicaciones de la Fiscalía General la Nación, se interceptaron ilícitamente comunicaciones, se recaudó información y se hicieron análisis link sobre abonados telefónicos respecto de personas de interés para Laude Fernández como director de BRG en contratos que había suscrito con múltiples empresas. Esto sucedió con el concurso de Fabio Augusto Martínez Lugo, Fiscal 32 Especializado contra bandas criminales, y Luis Carlos Gómez Góngora.

Adicionalmente, la investigación estableció con probabilidad de verdad que fueron interceptadas las comunicaciones telefónicas y recaudada información en relación con las siguientes personas: Julián Gustavo Pinzón Saavedra, Lucio Rubio Díaz y Felipe Jaramillo Londoño, quienes participaban, respectivamente, en litigios en contra de Avianca y GEB.