Condenadas cuatro personas por desviar recursos de un programa contra la mortalidad infantil

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia un acto de corrupción que se materializó en 2011, luego de la celebración de un contrato entre la Alcaldía de Albania, La Guajira, y el Hospital San Rafael por $18.900 millones.

El objetivo era desarrollar un programa de salud para evitar la mortalidad de niños y madres gestantes.

El centro asistencial no tenía la capacidad técnica ni operativa para cumplir con las obligaciones contractuales. En ese sentido, subcontrató a 10 profesionales de distintas áreas de la salud para dar la apariencia de desarrollar el proyecto de salud.

Sin embargo, estas personas se dedicaron a vincular mediante contratos fachada a 1.459 ciudadanos para que realizaran las consultas, tratamientos y valoraciones, al igual que las visitas de campo a las comunidades afectadas por falta de alimento, agua y medicamentos.

El material de prueba evidenció que de los beneficiarios de los múltiples contratos debían cumplir tres requisitos: tener inscrita la cédula de ciudadanía para votar en Albania, La Guajira, ser seguidores de la candidata a la gobernación del momento y aceptar un pago menor al establecido en las órdenes de prestación de servicios.

Se comprobó que la mayoría de las personas no cumplió actividad alguna, pero cobraron sus honorarios a través de cheques. Los dineros fueron cambiados por efectivo y, posteriormente, guardados en bolsas de basura y entregados a la campaña de la entonces aspirante a la Gobernación de La Guajira.

Estos hechos fueron aceptados, mediante preacuerdos, por cuatro de los profesionales que sirvieron de intermediarios para desviar los recursos públicos de la salud.

Es así como un juez penal del circuito de Riohacha los declaró responsables del delito de peculado por apropiación en favor de terceros.