Tras 25 años de presión ciudadana, comenzará a funcionar el Puente las Quintas en Tunja
Se trata de un puente vehicular que comenzó a construirse a finales de la década de los años 90.
La obra que costaba menos de $400 millones en 1997 terminó valiendo cerca de los $5.000 millones. Foto: Alcaldía de Tunja.
El magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá (TAB), Félix Rodríguez, quien estuvo a cargo de la Acción Popular que obligó a la Alcaldía de Tunja a terminar lo que fue un elefante blanco por más de dos décadas, el puente vehicular Las Quintas, aseguró que su puesta en funcionamiento este 31 de marzo de 2022 se debió a la presión ciudadana y a la justicia.
"Esta obra se logra porque la comunidad presiona de manera directa y luego interponiendo esta acción popular en el año 2004 que fue fallada a favor de la ciudadanía por el TAB y revisada por el Consejo de Estado donde se ordenó la terminación del puente de acceso al barrio Las Quintas", dijo.
El togado recordó que la obra inició en 1997, cuando el municipio asignó para la construcción de la misma $358.463.000.
Sin embargo, después de fallada la Acción Popular, el municipio de Tunja celebró otro contrato número 31 en febrero de 2007 por $436.918.760 por la Sociedad Pavimentos Técnicos y Compañía con el fin de terminar la construcción del puente.
"Ese contrato poco se ejecutó de manera definitiva, así que se volvió a dejar la obra inconclusa durante muchos años, hasta que 2014 se logró que se hicieran unos estudios y en la administración municipal de Pablo Emilio Cépeda se logró los recursos necesarios para la terminación de la obra", explicó el magistrado.
En consecuencia, la alcaldía de Cépeda celebró el contrato de obra pública 837 el 6 de mayo de 2019 por $3.300 millones aproximadamente.
Según el magistrado Rodríguez el contrato 837 tuvo por objeto reforzamiento, rehabilitación y reconstrucción del puente de acceso al barrio Las Quintas.
Antes de terminar la administración de Pablo Emilio Cépeda se adicionó el 50% de la suma contractual, así es bueno resaltar siete prorrogas, cinco actas de suspensión.
El togado recordó que el puente se concibió para dos carriles vehiculares, en ambos sentidos, finalmente quedó a un sentido con paso peatonal. "El 11 de febrero de 2022 el paso peatonal no había sido terminado supuestamente porque se requería adicionar $500 millones".
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Investigaciones a los responsables
Para el TAB llama la atención la poca las actuaciones de los entes de control orientados a determinar las responsabilidades de tipo penal, fiscal y disciplinario ante la demora de la finalización de la obra.
Precisó que en la Fiscalía General de la Nación existe una investigación por la presunta irregularidad en la ejecución del contrato 31 de 2007, pero no tuvo avances.
Dice el magistrado Félix que la Contraloría municipal abrió un proceso de responsabilidad fiscal con ocasión a las irregularidades del contrato 31 de 2007 y se falló contra los alcaldes de los periodos 2004 - 2007 y 2008 - 2011 y contra el secretario de Infraestructura de la época por detrimento patrimonial.
De otro lado, la Procuraduría Provincial de Tunja inicio investigación disciplinaria en contra del interventor y del supervisor del contrato 31 de 2007 y el secretario de contratación de la época por irregularidades contractuales.
"Curiosamente termina exonerando el interventor del contrato de toda responsabilidad disciplinaria y archivo las diligencias a los demás investigados, es decir no encontró ninguna irregularidad en relación con estos hechos tan evidentes", explicó el magistrado.
Aunque el puente fue puesto en funcionamiento, el magistrado Rodríguez dijo que está avanzando un proceso por desacató contra la Administración de Alejandro Fúneme por incumplimiento en la vigilancia. “Está administración no interpuso ninguna multa a este contratista por el incumplimiento su obligación contractual”.
Finalmente, el magistrado concluye que una obra en 1997 que costaba $358.463.000 terminó costando aproximadamente $5.000 millones.
No será una inauguración, sino una puesta en funcionamiento
El secretario de Infraestructura de Tunja, Germán Ricardo Camacho, dice que cuando se anunció la obra andaba por los 22 años de edad y lejos de pensar que el fuera estar presente en la puesta en funcionamiento de la obra.
Camacho confirmó que no se hizo la adición de los $500 millones para terminar las rampas peatonales y sumidores.
Sin embargo, Camacho dijo: "se inició un proceso de $180 millones dónde están incluidas las dos rampas y los sumideros que en este momento ya se subió al Secop, se presentaron proponentes, se está haciendo la evaluación para ser adjudicado".
Según Camacho, el Puente Las Quintas hace parte del programa "Compromiso Colombia" de la Contraloría General de la República en la cual se le hace seguimiento al proyecto para poder verificar el avance.
"Se hizo la recomendación de la adecuación provisional de esas rampas para ponerlo en funcionamiento, para que no hubiera inconveniente con el tema peatonal, situación que nosotros con la maquinaria nuestra y material afirmado nuestro, hicimos la adecuación y está funcionando sin ningún inconveniente el puente peatonal, simplemente cuando se adjudique el contrato se realizará la terminación correspondiente de la parte que hace falta", explicó.
Sostuvo que los primeros diseños no contemplaban la cicloruta, ni los senderos peatonales. “En el momento que se autoriza la construcción de un edificio, toca correr el puente más hacia el río, se hizo un cambio de diseño y quedó solo de acceso al barrio Las Quintas donde se incorporó la ciclo-ruta y el peatonal”.
La puesta en funcionamiento de la obra tendrá presencia de la Contraloría, la Personería, la presidenta de la Junta de Acción Comunal y el alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme.
"No debió pasar que una construcción durará 25 años y más aún qué la dinámica del puente hace 20 años era muy diferente a la de ahora ", dijo.
La lucha de la comunidad
La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Quintas, Hilda Romero, reconoce que fue una lucha de años con acciones de tutela, populares y desacatos por parte de los alcaldes que no les interesó la obra.
"Es una obra no solamente para beneficio del barrio sino de todas las ciudades incluso del departamento Boyacá porque permite acceso a universidades y a la clínica", explicó.
Fue una obra, dice la señora Romero, que les originó mucha incertidumbre por todos los permisos que dificultaron el avance de la obra y luego la pandemia.