El “incómodo” informe que pide justicia por el asesinato paramilitar de sindicalistas de Drummond

W Radio tuvo acceso al informe que la Comisión Colombiana de Juristas, el sindicato Sintramienergética y la organización Pax presentaron ante la Sala de Reconocimiento de la JEP llamado “La explotación minera de Drummond: Epicentro de persecución, asesinatos y violación de libertades sindicales”, el cual pidió a la jurisdicción investigar a todos los responsables del homicidio de distintos líderes de ese sindicato de la multinacional entre el 2000 y el 2002 y el alcance de los presuntos nexos de directivos de la minera con frentes paramilitares en el Cesar.

En el documento de 96 páginas conocido por W Radio, se recogen testimonios de agentes del estado por ejemplo del DAS, así como excomandantes paramilitares que han asegurado, según ellos, que Drummond entregaba dineros a los Frentes Juan Andrés Álvarez y Resistencia Motilona, a cambio de servicios de seguridad.

Según el informe, documentos y declaraciones ante la justicia, así como la propia confesión del contratista Jaime Blanco Maya ante la JEP, el asesinato de varios líderes sindicales de Sintramienergética como Victor Orcasita y Valmore Locarno (quienes se quejaban por el contrato de alimentación amenazando con un cese de actividades y estaban buscando robustecer el poder de esa unión sindical) habría tenido la presunta vinculación de altos directivos de la empresa.

Eso, por ejemplo, señalaron exmandos paramilitares como Alcides Manuel Mattos ‘El Samario’ y ‘Bam Bam’ (Frente Resistencia Motilona) en sus versiones libres de acuerdo con el documento.

“De Valmore Locarno y Orcasita eso fue prácticamente un acuerdo que se hizo con la multinacional Drummond y Jaime Blanco Maya, sé que había una orden de eliminar a todos los sindicalistas impartida por “Jorge 40″, pero no sé en dónde ni cuándo asesinaron a los otros sindicalistas, supe que fueron dos o tres más asesinados, hechos efectuados por el frente Resistencia Motilona al mando de alias Omega”, indicó ‘El Samario’.

Las acusaciones no sólo se fundamentan en versiones de exparamilitares, sino también agentes estatales como Rafael García, exjefe de informática del DAS, quien ante la justicia acusó que el expresidente de Drummond, Augusto Jiménez Mejía, pagó por la muerte por los integrantes de Sintramienergética.

“...él me dijo (Jim Adkins), no se preocupe que esto es mandado directamente de Gary Drummond, Alfredo Araújo, Augusto Jiménez, el General Rafael Peña, el Coronel Luis Carlos Rodríguez, (...) como persona de confianza de la empresa, me comentó el señor Jim que ellos estaban de acuerdo del trabajo que se le iba a hacer a los sindicalistas”, sostuvo García.

Así las cosas y ante otras pruebas aportadas, las organizaciones pidieron llegar a fondo sobre todos los responsables materiales y determinadores de los crímenes de Locarno, Orcasita, Cándido Méndez y Gustavo Soler, así como las amenazas y panfletos que recibió Sintramienergética incluso dentro de la mina.

Por otra parte, en el informe también solicitaron a la JEP investigar que la multinacional presuntamente habría financiado a los paramilitares pagando sobrecostos que iban a parar a las arcas de las AUC por medio del contrato de suministro de alimentos a sus empleados que suscribieron con Jaime Blanco Maya en 1995; el cual de acuerdo con el peritazgo de la Fiscalía, mostró un aumento desbordado y “exorbitante” de desembolsos (recibió $871 millones en 1997 y en el 2000 un total de $4.252 millones de pesos).

En línea con lo anterior, según el documento, el excomandante del Frente Juan Andrés Álvarez, Jhon Jairo Esquivel ‘El Tigre’ confesó ante Justicia y Paz que el Bloque Norte sí recibió dineros de Drummond y que ‘Jorge 40′ hablaba sobre esos asuntos con altos directivos de la compañía.

“La empresa Drummond sí le pagaba a las autodefensas a través de Jaime Blanco Maya, él me la entregaba a mí, la empresa pagaba mensualmente 25 millones (...) yo le comenté a Jorge Cuarenta que todo se hacía a través de Jaime Blanco y cuarenta dijo que él sabía con quién, el que hablaba allá en la Drummond era Alfredo Araujo (Jefe de Seguridad). Araujo era el que sabía todo porque era amigo de infancia de Jorge Cuarenta”, se lee en el informe.

Incluso, Salvatore Mancuso en versión libre en 2009, recoge el documento, sostuvo que ‘Jorge 40′ lo llamó a pedirle autorización para reunirse con el exjefe de seguridad de Drummond para la época, James Adkins, con miras a concretar el respaldo a las AUC.

“Se reunió con Jorge 40 en la Sierra Nevada de Santa Marta, con previa autorización que yo le doy (…) para explorar este tema de la financiación de Drummond a las autodefensas por brindarle seguridad y por los beneficios que estaban recibiendo, porque ya no dinamitaban las vías del ferrocarril, por el transporte de tracto mulas, por todas las cosas que se estaban dando”, se lee.

El exjefe de informática del DAS, Rafael García, también testificó sobre el tema y según el informe, ante la justicia habló de conocer “los contactos de la empresa Drummond con miembros del Bloque Norte de las Autodefensas en la región del Cesar”.

“Guillermo Sánchez (exalcalde de El Difícil) me explicó cómo había asistido a reuniones en las que se hablaba de aportes financieros al Bloque Norte por parte de funcionarios de la Drummond y también cómo, con el consentimiento de funcionarios de esta empresa, miembros del Bloque Norte aparecían como obreros en las minas de carbón que explota esta empresa en el Cesar”, señala el informe.

En el documento, el sindicato y las organizaciones asimismo solicitaron que se esclarezca hasta qué punto el apoyo que prestó la multinacional al Ejército incluso donando terrenos para construir una base militar en el interior de la mina y financiamiento a una oficina de inteligencia, terminó siendo utilizado en favor de los paramilitares. Según el exmando de las AUC José Gálvez Albarracín, conocido como ‘El Canoso’ “esta fue la base en la que vería posteriormente los vehículos de los paramilitares entrando para abastecerse de combustible, sin intervención de los soldados”.

Finalmente, el documento también menciona el reciente llamado a juicio (2020) del expresidente de Drummond Augusto Jiménez Mejía y su actual presidente José Miguel Linares por presuntos nexos y apoyo al paramilitarismo en el Cesar, el cual está pendiente de continuar debido a una apelación interpuesta por los ejecutivos. Pero, indican con extrañeza que sobre James Adkins (exjefe de seguridad de Drummond) y Adalbert Lee Lob (gerente general de operaciones) el expediente se mantiene detenido.

W Radio consultó a la minera Drummond en Colombia que, por medio de su oficina de comunicaciones, señaló que no se pronunciarán sobre el informe, debido a que no han sido notificados por la propia JEP del mismo.