Debe prevalecer el deber de asistir a la JEP: abogado de víctimas tras no asistencia de Piedad Córdoba a audiencia
En diálogo con Contrarreloj, el representante judicial de la familia Landazábal cuestionó que tanto ella como Enrique Gómez prioricen intereses electorales y no el derecho a la verdad.
Ricardo Fandiño, abogado de la familia del general Fernando Landazábal por suspensión de audiencia de Piedad
En entrevista con Contrarreloj, el abogado de la familia del general Fernando Landazábal, Ricardo Fandiño Puentes, se refirió a la cancelación de la audiencia de la senadora electa Piedad Córdoba en la JEP por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, debido a que a última hora tanto ella como Enrique Gómez Martínez allegaron documentos indicando que no podían asistir por compromisos previos.
De acuerdo con Fandiño, los citados priorizaran otro tipo de intereses como los electorales cuando se está ante una audiencia fijada por una autoridad judicial, va en contravía del “derecho de las víctimas a buscar la verdad”.
“Palabras más, palabras menos, aquí lo que pasó es que lastimosamente se le está dando prioridad a asuntos de tema electoral por encima de la obligación de comparecer ante las autoridades judiciales afectando sensiblemente el derecho de las víctimas a saber la verdad” afirmó el defensor Fandiño Puentes.
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El representante de víctimas además afirmó que la propuesta de aplazar la diligencia hasta que pasen las elecciones presidenciales es “inconcebible”, afirmando que llevan más de dos décadas buscando saber la verdad de lo ocurrido tanto en el crimen de Álvaro Gómez Hurtado como en el del general Landazábal.
“Es inconcebible porque como se insistió con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación y de las demás víctimas, llevamos buscando la verdad por muchos años, la jurisdicción a pesar de que las Farc asumieron su responsabilidad ha avanzado algo, pero no ha concretado esa verdad” indicó.
Según Fandiño, “debe prevalecer el deber de comparecer ante las autoridades judiciales” indicando que la JEP fue rigurosa en citar a Córdoba y a Gómez con 15 días de antelación para que se programaran.