Fiscalía remitirá a la JEP proceso contra el general Mauricio Santoyo
El general en retiro Mauricio Alfonso Santoyo es señalado como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.
Fiscalía remitirá a la JEP proceso contra el general Mauricio Santoyo. Foto: Colprensa
La Fiscalía General de la Nación remitirá a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el proceso que se seguía contra el general en retiro Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.
En ese sentido, serán trasladados los elementos de prueba y evidencias obtenidas contra el exoficial para que la JEP asuma las actuaciones judiciales que sean de su competencia. Esto en atención a la Resolución 4527 del 7 de septiembre de 2021, en la que esa jurisdicción aceptó la solicitud de sometimiento del señor Santoyo Velasco al Sistema Transicional.
El 24 de marzo de 2021, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia emitió resolución de acusación, en el marco de la Ley 600 de 2000, contra el general en retiro; asimismo, dejó en firme la medida de aseguramiento en su contra, consistente en detención preventiva. Estas determinaciones fueron confirmadas por el despacho de la vicefiscal General de la Nación, que negó el recurso de apelación interpuesto por la defensa.
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En la investigación se estableció que Mauricio Santoyo Velasco, entre 1999 y 2009, mientras ostentó los grados de teniente coronel, coronel y brigadier general, constituyó un patrimonio de $6.193′415.576 que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensas.
De igual manera, se obtuvo evidencia de que, supuestamente, recibió dineros para que lograra dejar en libertad a integrantes de esas estructuras y los alertara sobre los movimientos y operativos de la fuerza pública.
Con la decisión de traslado del expediente a la JEP, la Fiscalía General de la Nación reafirma su compromiso de colaboración armónica y de respeto por las competencias constitucionales que les asisten a las instituciones.