Colombiano será juzgado en España por el asesinato de tres mujeres

Un jurado popular juzgará en la ciudad española de Valencia, entre el 13 de junio y el 15 de julio, al colombiano Jorge Ignacio Palma, quien confesó la desaparición del cuerpo de la española Marta Calvo y supuesto asesino de otras dos jóvenes, informaron este lunes a EFE fuentes del caso.

El acusado, que permanece en prisión provisional desde finales de 2019, cuando confesó haber descuartizado el cadáver de Marta Calvo, está acusado de haber acabado también con la vida de Arliene Ramos y Lady Marcela en el transcurso de unas prácticas sexuales con cocaína y probablemente otras sustancias.

Los restos mortales de Calvo aún no fueron hallados, pese a las múltiples búsquedas de las fuerzas españolas de seguridad en las zonas del interior de la provincia de Valencia donde supuestamente los arrojó, según la confesión del procesado cuando se entregó.

La primera jornada, el 13 de junio, se reserva íntegramente a la elección del jurado, que estará formado por nueve personas, de modo que las declaraciones no empezarán hasta el día siguiente, según las previsiones.

Palma está procesado por estas tres muertes y nueve intentos de homicidio de mujeres con métodos idénticos, además de narcotráfico; la Fiscalía española pide 130 años de cárcel en total para él.

El Ministerio Público lo considera responsable de tres delitos de homicidio, once de abusos sexuales y otro contra la salud pública.

Las acusaciones particulares elevaron la consideración de lo sucedido a tres delitos de asesinato y reclaman prisión permanente revisable, que es la condena máxima en España.

Según las conclusiones del juez instructor, el acusado “introducía droga de forma no consentida en los órganos genitales” de las mujeres.

Esto les provocaba “un aumento del ritmo cardíaco y de la presión arterial, limitando su capacidad defensiva y volitiva, siendo consciente de las consecuencias letales de dicha práctica”.

Tres de los once encuentros sexuales de los que se ha tenido constancia en la investigación, sucedidos entre el verano de 2018 y noviembre de 2019, acabaron con el fallecimiento de las víctimas.

En el mismo auto de procesamiento se ordenó abrir una pieza de responsabilidad civil por importe de 350.000 euros (unos 380.000 dólares).

Por el contrario, la abogada del acusado argumentó que es “consumidor de sustancias estupefacientes y tóxicas”, por lo que consideró que concurre circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal y pide la libre absolución.