Corte Constitucional legitima el “escrache virtual” en caso del profesor Fabián Sanabria
El profesor de la Universidad Nacional inició una acción de tutela contra la profesora Mónica Godoy Ferro, en defensa de sus derechos a la intimidad, buen nombre y honra.
![El profesor Fabián Sanabria es señalado por un presunto caso de acoso sexual. Foto: Colprensa](https://www.wradio.com.co/resizer/v2/IO3FYBZI4NB7JHWLFCJUES2LPY.jpg?auth=b8cfa8f87bb196e0c6b426dac6c675d6756652a2abd96c4bc443792610a125ab&width=650&height=488&quality=70&smart=true)
El profesor Fabián Sanabria es señalado por un presunto caso de acoso sexual. Foto: Colprensa
La W conoció que el profesor de la Universidad Nacional, Fabián Sanabria perdió en la Corte Constitucional un pulso con la Comisión Feminista y de Asuntos de Género de la misma universidad que hizo públicas unas denuncias contra el catedrático por un presunto caso de acoso sexual y se legitima así en el país la práctica del escrache en redes sociales.
El pulso inició cuando en 2020, la Comisión Feminista y de Asuntos de Género de Antropología difundió dos informes sobre casos de violencia sexual al interior del departamento de antropología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. En los dos documentos se hicieron señalamientos a varios profesores de la universidad por haber incurrido en actos de violencias basadas en el género contra estudiantes de la comunidad académica. Puntualmente, se acusó al profesor Fabián Sanabria de haber incurrido en un hecho de acoso sexual contra un estudiante, cuando era director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
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El profesor Fabián Sanabria inició acción de tutela contra la profesora Mónica Godoy Ferro, en defensa de sus derechos a la intimidad, buen nombre y honra, toda vez que, en su criterio, las afirmaciones que se hacen en los informes son infundadas, calumniosas y difunden datos que afectan su seguridad e integridad personal, y el derecho a la presunción de inocencia.
La Sala Novena de Revisión, con ponencia del magistrado Alberto Rojas, concluyó que la información difundida en los dos informes está protegida por la libertad de expresión, toda vez que tuvo como objetivo señalar que existe un contexto de violencia sexista contra miembros de la comunidad universitaria y que se presentan casos de inacción o tolerancia contra estas denuncias, al punto que, a juicio de la accionada, no se han sancionado a responsables.