Es contradictorio con nuestros derechos: víctimas rechazaron que las dejen por fuera de audiencia de ‘Otoniel’

En entrevista con Contrarreloj, el abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, (CSPP) Fernando Rodríguez Kekhan, se refirió a su solicitud dirigida a la JEP y encaminada a que se revoque la decisión que prohibió a las víctimas participar en la audiencia de ‘Otoniel’ el 8 de marzo, donde será interrogado sobre falsos positivos en Casanare y los generales (r) Henry Torres Escalante y Leonardo Barrero.

En su petición, tanto Kekhan como el abogado Juan Pablo Ramos, rechazaron que se haya decretado la reserva de la diligencia solo con la participación del magistrado a cargo y la Procuraduría indicando que una determinación en tal sentido va en contravía de la centralidad de las víctimas.

“Cuando la Sala de Reconocimiento se refiere a la representación de víctimas, es posible denotar un trato diferenciado poco garantista que obstaculiza la participación directa invocando razones asociadas a la seguridad de la información y a la reserva judicial” expresa la solicitud.

Además, argumentaron que es contradictorio que se les deje por fuera cuando las víctimas fueron las que alertaron la importancia de la diligencia y se les limitó a solamente enviar un cuestionario. También criticaron que se les quiera cargar de forma sobredimensionada la responsabilidad en supuestas filtraciones.

“Entendemos la complejidad que representa la escucha de un objetivo de alto valor judicial como lo es el señor Dairo Antonio Úsuga David, puesto que es necesario proveer y revestir de privacidad el desarrollo de la declaración que se invoca; pero en ningún caso es adecuado señalar que por la participación las víctimas y de sus representantes hay mayores riesgos para la seguridad” sentenciaron.

También criticaron que se les diga que tendrán acceso a la información de forma posterior, sin aclarar y especificar cuándo.

Adicionalmente, los abogados del Comité de Solidaridad expresaron preocupación porque a su juicio ese tipo de prácticas “discriminatorias” se están volviendo recurrentes en la JEP, trayendo a colación, según ellos, la investigación de falsos positivos en el Meta “donde al antojo de la Jurisdicción se determina cuando y de qué manera se obstruye a los representantes de víctimas cuando se trata de concurrir a ciertas declaraciones y/o versiones voluntarias” concluyeron.