Contraloría abre proceso de responsabilidad fiscal contra Dau por "daño patrimonial"
El mandatario y dos exjefes de talento humano habrían causado un daño al Estado por $1.074 millones, por pago de gastos de representación.
William Dau, alcalde de Cartagena. Crédito: Cortesía.
La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal verbal de doble instancia y formuló imputación de responsabilidad fiscal a título de culpa grave contra el alcalde de Cartagena, William Dau y los sus exdirectores de talento humano Martha Cravajal y Adelfo Doria Franco.
Se trata de un proceso por el presunto daño patrimonial al Estado de $1.074 millones, por la inclusión en la nómina y el pago, en 2020, de gastos de representación a funcionarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena, quienes no tenían derecho a esos pagos, porque la norma los tiene establecidos solo para los Gobernadores y Alcaldes.
En medio de este proceso, la Contraloría Distrital le había embargado, en agosto de 2021, las cuentas bancarias a Dau y a unos 41 funcionarios y exfuncionarios, sin embargo, por petición del Alcalde este proceso pasó a ser revisado por la Contraloría General que ahora considera que sí habría configurado un daño patrimonial por estos pagos.
“Existe responsabilidad fiscal atribuible al alcalde Mayor de Cartagena de Indias, como Ordenador del gasto y Representante Legal de la Alcaldía, y a quienes ejercieron el cargo como Director Administrativo de Talento Humano, al haber ejercido actos de gestión fiscal, que condujeron inequívocamente a la causación del daño al patrimonio de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. El presente proceso de responsabilidad fiscal se llevará mediante el procedimiento verbal, dado que se encuentran dados los elementos para proferir la presente providencia de apertura e imputación.”, se lee en el auto por el cual se ordena abrir proceso de responsabilidad fiscal.
Lea además: Corte Suprema de Justicia revoca orden de arresto contra el alcalde William Dau.
El ente de control fiscal también vincula en este proceso a la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, en calidad de Tercero Civilmente Responsable.
En su momento, la Alcaldía justificó el pago alegando que sumando el salario y el concepto de gastos de representación, lo que el Distrito pagaba a sus funcionarios no excedía los topes de salarios de funcionarios establecidos por el Gobierno Nacional en 2020.
