Capturan a miembros de IPS que habrían torturado pacientes

Colombia

La Fiscalía presentó ante un juez a cuatro hombres y una mujer que hacían parte de una Institución Prestadora de Salud (IPS), dedicada a la atención de personas con problemas de adicción y desórdenes en el comportamiento.

Los procesados habrían participado en graves agresiones y torturas a los pacientes, entre otras conductas contra la libertad, la integridad física y emocional, actos que, al parecer, ocurrían en la sede de esta entidad, ubicada en el occidente de Bogotá.

Igualmente, no contaban con personal calificado para tratar las adicciones y adelantar los procesos de recuperación y reinserción social a consumidores de sustancias psicoactivas, objeto con el que había sido creada la IPS. Entre los capturados se encontraban un ingeniero civil y entrenadores físicos, pero ninguno estaba capacitado para atender este tipo de condiciones.

Durante un mes, un equipo destacado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, (del que hicieron parte, investigadores del CTI, psicólogos, médicos, psiquiatras forenses, peritos informáticos, entre otros especialistas), realizó labores de vigilancia y seguimiento, e interceptación de comunicaciones y obtuvo abundante evidencia sobre las distintas conductas ilícitas que se cometían.

Cinco de los presuntos responsables fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento, una de ellas realizada en el inmueble donde funcionaba la institución. En el lugar fueron recuperadas 35 personas, entre ellas dos menores de edad.

Adicionalmente, se encontraron un taser de voltaje, dinero en efectivo, computadores, las grabaciones de 28 cámaras de seguridad, bolsas con medicamentos y manillas para inmovilización.

La Fiscalía les imputó ante un juez de control de garantías los delitos de: tortura agravada con fines de castigo y discriminación, secuestro simple agravado, amenazas y concierto para delinquir.

Cuatro de los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Estos son: Jairo Masmela García, representante legal y director de la IPS; Tiberio, Álvaro Azcárate y Leonardo Casas.

De otra parte, Paula Catalina Betancur Rengifo, seguirá vinculada a la investigación.

Una denuncia interpuesta por una de las víctimas fue el punto de partida. La verificación de los hechos puestos en conocimiento permitió establecer que, con engaños a las familias, las personas eran internadas en contra de su voluntad. En muchas oportunidades habrían ingresado al inmueble dopadas o amarradas para que no se resistieran.

Los pacientes eran aislados totalmente de los parientes más cercanos. Cuando les permitían algún tipo de comunicación, se las monitoreaban para evitar que revelaran el drama que padecían. Adicionalmente, pedían a los acudientes ropa y elementos personales; sin embargo, los artículos nunca eran entregados.

El material de prueba da cuenta que las víctimas, presuntamente, fueron torturadas por su condición sexual, estado físico, adicción a los estupefacientes y distintas alteraciones en el comportamiento.

Adicionalmente, soportaban hacinamiento. Un área habilitada para 25 personas albergaba casi 40, y carecía de accesos, espacios al aire libre y ventilación.

Cada interno que ingresó habría sido desnudado, amarrado y bañado con mangueras y escobas.