OCAD Caribe decide que el PAE en el Magdalena sea ejecutado por la RAP
Conocida la decisión, el Gobernador del Magdalena Carlos Caicedo Omar, manifestó su rechazo.
Entrega del PAE/ Gobernación del Magdalena.
Con contrariedad la administración departamental del Magdalena recibió el resultado de la quinta sesión del OCAD Caribe en la que se negó que la Gobernación sea la ejecutora del Plan de Alimentación Escolar, PAE, 2022 y en su defecto fuera la Región Administrativa y de Planificación, RAP quien asumiera el compromiso.
Según la información suministrada por la Gobernación del Magdalena “la 5a sesión del OCAD Caribe se convirtió en una vergüenza Nacional e Internacional, en ese escenario los gobernadores de Sucre, Córdoba y Bolívar, coludidos con la Alcaldesa del municipio de Sampués (Sucre), se concertaron para evitar que el departamento el Magdalena sea la entidad ejecutora del Programa de Alimentación Escolar 2022, que beneficiaría a 141.000 estudiantes del departamento, contrariando expresamente al ordenamiento jurídico colombiano”.
Asimismo, el comunicado de la administración departamental afirma que incurrieron en el delito de prevaricato. “El marco normativo colombiano solo admite como responsables de la garantía de la alimentación escolar a los departamentos, municipios y distritos”.
Le puede interesar:
Murió el exalcalde de Santa Marta Elías George González
Como se recordará, el 6 de diciembre de 2021, los Gobernadores, reunidos en el OCAD Región Caribe, aprobaron que el ICBF fuese la entidad ejecutora del PAE para el Magdalena, decisión que por ser contraria a derecho fue rechazada rotundamente por la Directora General del ICBF quien al igual que el Ministerio de Hacienda y la Gobernación del Magdalena argumentaron que el ICBF, no tenía ni las facultades legales ni la competencia para asumir la ejecución del PAE. Situación que fue previamente advertida por el Gobernador Carlos Caicedo Omar.
El gobernador del Magdalena anunció que, en representación del departamento presentará denuncia penal y queja disciplinaría contra los Gobernadores de Sucre y Córdoba y la alcaldesa de Sampués, toda vez que con su conducta dolosa han incurrido nuevamente el delito de prevaricato por acción.