Víctimas de la retoma al Palacio de Justicia recusan a magistrado
Las autoridades judiciales no han cumplido la sentencia de la Corte IDH en cuanto a la investigación y oportuno juzgamiento de los responsables de las desapariciones, según familiares.
Colombia
Los familiares de Carlos Augusto Rodríguez Vera, desaparecido durante la retoma en el Palacio de Justicia en 1985, presentaron recusación contra el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Hermens Darío Lara Acuña, quien tiene a cargo la apelación contra la sentencia de primera instancia del Juzgado 53 Penal del Circuito que absolvió a los oficiales Iván Ramírez Quintero, Fernando Blanco Gómez y Gustavo Arévalo Moreno de sus responsabilidades en la desaparición forzada.
Los familiares señalaron que: “Lo recusamos por violación al plazo razonable establecido en el artículo 201 de la ley 600 de 2000, que hoy cumple tres mil seiscientos cincuenta días (3.650), 10 años, violando de contera todos los términos y el derecho a la verdad, a la justicia, ahondando la inseguridad y los estándares nacionales e internacionales, resultando ser colaborador en la siembra de patrones sistemáticos de violación de los derechos humanos”.
Seguidamente indicaron: “Esta violación al plazo razonable sobrepasa excesivamente los plazos, violando de plano los derechos a las garantías y protección judiciales, ahondando la inseguridad y controvirtiendo los estándares nacionales e internacionales. Su actuación es revictimizante a todas luces, la ausencia de respuesta en 10 años hace que se mantenga el pacto de silencio y de impunidad absoluta coadyuvado totalmente por los encargados de impartir justicia en representación del Estado, en este caso concreto por usted.”
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Según la denuncia de las víctimas, “el magistrado Lara Acuña, a quien se le ha encargado impartir justicia, es responsable de la violación de los derechos consagrados a través de las normas nacionales e internacionales, resultando ser colaborador en la siembra de patrones sistemáticos de violación de los derechos humanos.”
También manifestaron que las autoridades judiciales no han dado cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH en cuanto a la investigación y oportuno juzgamiento de los responsables de las desapariciones y demás delitos cometidos por el Estado en el Palacio de Justicia.