Por lo general se le pagaba a las personas: secretariado Farc rechazó imputación por esclavitud

Colombia

Los excomandantes de las Farc, imputados por la JEP por crímenes de esclavitud expusieron sus observaciones a esa determinación y criticaron duramente los argumentos por los que se les acusó tras haber incurrido en ese crimen de lesa humanidad. De acuerdo con los excombatientes, señalaron que esa acusación es una “grave afectación a la vía de reconocimiento” y argumentaron falta de evidencias.

En el documento por ejemplo, señalaron que en la imputación por secuestro habían reconocido tratos crueles e inhumanos contra los cautivos, así que no habría lugar a una nueva calificación jurídica.

Por otra parte, aunque aceptaron que conocieron que en las distintas unidades se impusieron trabajos como forma de castigo, expresaron que ello se produjo, pero nunca con la intención de ejercer derechos de propiedad sobre las personas, y además indicaron que en esas sanciones hubo acuerdos con las comunidades ante la ausencia de “justicia estatal”.

“...nunca se buscó cosificar a las personas ni ejercer atributos del derecho de propiedad sobre su cuerpo. Por el contrario, estos hechos correspondían a dinámicas territoriales, acordadas con comunidades, en donde los trabajos eran impuestos como sanciones surgidos por formas de administración de justicia emanadas de las mismas comunidades las cuales eran apoyadas por parte de las Farc ante la falta de justicia estatal " expresaron en el documento.

Incluso, señalaron que las personas a quienes según la JEP se obligó a realizar trabajos para las Farc, laboraron porque ante la ausencia de personal de la guerrilla para cumplir ciertas labores, debían recurrir a la población civil pero siempre pagando por dichos trabajos  o pidiendo su “colaboración” por poco tiempo, como en el caso de algunas víctimas.

“En algunos de estos casos se le pagaba a la persona, pero en otros, que eran situaciones muy específicas y limitadas en el tiempo (apenas uno o varios días), no siempre se hacía” señalaron.

Además, en el escrito los exintegrantes del secretariado manifestaron que en muchos de los casos los trabajos forzados fueron producto de la “justicia comunitaria” de la mano de las Juntas de Acción Comunal en los departamentos donde hacían presencia, y que muchas de esas imposiciones fueron adelantadas en fincas o zonas comunitarias y no “en los campamentos o fincas de las Farc”.

“De nuevo esto es importante resaltar, dado que la búsqueda de un beneficio propio es un elemento esencial para que se constituya el crimen de esclavitud. Este tipo de trabajos buscaban “reconducir” los malos hábitos de la persona en pro de la convivencia” sostuvieron.

Cabe señalar, que en el caso de dos propietarios de maquinaria pesada incluso manifestaron que sus relatos como víctimas no han podido ser contrastados: “por el momento ninguno de estos hechos ha podido ser contrastado con personas que los hayan conocido directamente”.

Según los exintegrantes del secretariado aunque se les permitió presentar las observaciones, la decisión de la JEP de mantener la imputación por esclavitud es una afectación insubsanable a sus derechos.