Decreto 806 de 2020: organizaciones solicitan que permanezca la virtualidad en la Rama Judicial
El decreto 806 de 2020 tiene vigencia hasta el 4 de junio de 2020.
organizaciones solicitan que permanezca la virtualidad en la Rama Judicial. Foto: Colprensa / Sergio Ácero
Colombia
Con la expedición del decreto 806 de 2020 se implementó la virtualidad a partir del uso de las TIC en la Rama Judicial luego de que así lo exigiera la “nueva normalidad” del COVID-19.
La virtualidad en la Rama Judicial ha sido considerada como una ventaja la cual ha obtenido resultados favorables con el decreto 806 de 2020 ya que fortalece el acceso a la justicia, eficacia, flexibilización, oportunidad, modernización, transparencia y economía.
Por lo tanto, varias organizaciones consideran que la extinción de las normas constituiría un retroceso para el país y generaría una crisis en la administración de justicia.
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Cabe recordar que el decreto 806 de 2020 fue expedido el 4 de junio de 2020 y contempló una vigencia de dos años, es decir que el próximo 4 de junio quedaría sin efectos.
Varias entidades, a través de un comunicado conjunto pretenden recomendar la incorporación definitiva a la legislación colombiana del decreto 806 para permitir:
- El otorgamiento de poderes.
- Recepción de demandas y memoriales.
- Realización de notificaciones.
- Conformación de expedientes por medios digitales.
- Práctica de audiencias y pruebas de manera virtual por regla general.
y, además, para realizar todas las actuaciones procesales con ayuda de la tecnología, ya que garantiza el debido proceso, la publicidad y la contradicción y respeta los derechos fundamentales de las personas con dificultades tecnológicas, como lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia C-420 del 2020.
Para ello, se solicita a las autoridades desarrollar los programas necesarios para materializar el derecho humano de acceso al internet, como servicio público esencial y universal para asegurar la cobertura a todos los habitantes del territorio nacional.
Finalmente, se solicita que todas las ramas del poder público unan esfuerzos con el objetivo de que esta ley se tramite con mensaje de urgencia y se sancione antes del 4 de junio de 2022, fecha límite de vigencia del Decreto 806 de 2020.