Fiscal Francisco Barbosa firmó directiva para judicializar delitos electorales
La directiva busca identificar y desarticular las estructuras que se organizan para afectar la voluntad de los votantes en las urnas.
Fiscal Francisco Barbosa. Foto/Colprensa.
Con la expedición de la Directiva 0002, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, definió la hoja de ruta para investigar y judicializar los delitos que se presenten en las etapas preelectoral, electoral y postelectoral.
“Del total de municipios del país, 258 tienen un riesgo alto en delitos electorales; en riesgo medio, 526; y en riesgo bajo, 338 municipios”, reveló el fiscal al indicar que se consolida un mapa de riesgo electoral que será actualizado de acuerdo con los avances en los procesos investigativos.
Según Barbosa, los lineamientos planteados en esta directiva buscan poner en evidencia y actuar contra los determinadores, máximos responsables y beneficiarios de estas prácticas delictivas. De igual manera, identificar y desarticular las estructuras que, en cada territorio, se organizan para afectar la voluntad de los votantes en las urnas.
Fiscal Francisco Barbosa firmó directiva para judicializar delitos electorales
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La directiva, inicialmente, describe la necesidad de crear estrategias diferenciales para cada uno de los momentos del certamen. Desde la inscripción y aceptación de candidatos a la elección; durante las votaciones o elecciones propiamente dichas, para intervenir ante la compra de votos y otros actos ilegales; en los escrutinios, ante la eventual intención de modificar los resultados.
Para este propósito, se contará con un equipo especializado de fiscales del Eje Temático de Protección de Mecanismos de Participación Democrática, adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción; se articularán los esfuerzos de la delegada contra la Criminalidad Organizada y la delegada para la Seguridad Territorial; así como de la delegada contra las Finanzas Criminales. Esta última a efectos de detectar financiación ilícita de campañas o alteraciones en los informes contables que se presenten ante las autoridades competentes.
De igual manera, estarán en funcionamiento equipos itinerantes de fiscales y policía judicial con capacidad para desplazarse con rapidez a las distintas zonas del país y realizar los actos urgentes u obtención de material de prueba.
Estos grupos se activarán durante los tres meses previos y hasta los 15 días después de las elecciones.
El personal encargado de recibir las denuncias será capacitado sobre las condutas que atentan contra los mecanismos de participación ciudadana. Se garantizará una correcta selección de los hechos que se pongan en conocimiento a través de los canales ordinarios de atención.
Asimismo, se estará al tanto de los reportes originados por la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) y de las circunstancias que, por medios abiertos, sean detectadas y puedan constituir un delito.