El 37% de los bienes para indemnizar a las víctimas de paramilitares y terceros están ocupados ilegalmente
En entrevista con La W, el director del Fondo para la Reparación Miguel Avendaño señaló a la Fiscalía y a los magistrados de Justicia y Paz por entregarles predios que no han sido saneados.
Habló en La W Miguel Avendaño, director del Fondo de Reparación de las Víctimas sobre el estado de entrega de los bienes y el proceso para ello
Colombia
En diálogo con La W, el director del Fondo para la Reparación a las Víctimas, Miguel Avendaño, reveló que el 37% del total de bienes que administra la entidad para reparar a las víctimas (muchos entregados por exjefes paramilitares) siguen siendo ocupados irregularmente por terceros.
Según Avendaño, en solo el 2021 recibieron desde la Fiscalía 516 inmuebles de los cuales 176 (34%) presentaban esos inconvenientes, donde a pesar de tener destinación para indemnizar a los afectados por el conflicto, están siendo ocupados ilegalmente. Lo anterior, porque tanto la Fiscalía como los magistrados de Justicia y Paz se los proveen en ese preocupante estado.
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“A diciembre del 2021 el Fondo cuenta con 2.118 bienes donde el 37% cuentan con ocupación no autorizada. (...) En el cumplimiento de una orden de magistratura nos entregan un bien y en el estado en que esté lo tenemos que recibir” denunció el director.
El director del Fondo también se refirió al caso particular de un apartamento en el sector de El Poblado en Medellín, el cual fue entregado por alias “Don Berna” para indemnizar pero es ocupado irregularmente por el parapolítico Mario Uribe. De acuerdo con Avendaño son diversos los casos de ese tipo, e involucran también a predios retirados a las Farc.
“Ahí hay una ocupación no autorizada motivo por el cual la Unidad para la Atención para las víctimas inició un proceso de restitución de tenencia del bien, en donde se solicita al juez que se le ordene al señor Uribe hacer restitución a la Unidad” manifestó.
Avendaño además expresó preocupación porque ante la ocupación no autorizada de los predios tienen que recurrir a procesos legales ante la justicia para que los ocupantes salgan de lugar, conllevando a demoras de meses y/o años para poder acceder a los inmuebles.