Denuncian irregularidades en la entrega de predio en San Victorino, centro de Bogotá

Bogotá

La W Radio conoció que un predio avaluado en más de $230.000 millones con el que se pretendía solucionar la difícil situación por la que viven miles de vendedores ambulantes en Bogotá, se habría entregado de forma irregular a través de maniobras fraudulentas y de pólizas sin garantías.

Según el mayor en retiro Eliecer Cuellar Pachón, la administración de Claudia López en compañía de la ERU (Empresa de Renovación urbana) habría aparentemente  favorecido a oscuros personajes liderados por José  Antonio Clavijo Páez, quien perteneció al cuestionado grupo victoria  y alias ‘El perro’ Giovanny Barbosa, quien es indiciado de hurto, fraude procesal, daño en bien ajeno, alzamiento de bienes e inasistencia alimentaria según diferentes SPOA de la Fiscalía General de la Nación, seguido de Gregorio Rivera, quienes constituyeron una sospechosa sociedad, creada únicamente para recibir el jugoso contrato por medio de una unión temporal llamada TITAN GROUP, contrato que se adjudicó sin pólizas ni garantías legalmente constituidas que desde el momento de la entrega y a la fecha no se abrían cumplido.

“Se trata de 18 mil metros cuadrados en donde se ubican cuatro lotes que dividen los dos centros comerciales más influyentes de San Victorino, lugar en el que se iba a realizar un proyecto con el que se pretendía ayudar a personas de escasos recursos que laboran como vendedores informales en los sectores del Veinte de Julio y el centro de Bogotá”.

Según indica el denunciante, la reconocida manzana 22 de San Victorino fue tomada por tres personas, quienes facturaron miles de millones de pesos en más de 1000 locales que no solo están subarrendados, sino que también fueron utilizados para montar sus propios negocios y además con el fin de lucrarse vendiendo el espacio público a los alrededores del proyecto.

De acuerdo con la denuncia, los involucrados en estos hechos dicen tener amigos que son funcionarios de la ERU y con frecuencia mencionan a Mauricio Pombo quien al parecer es el director inmobiliario de esa Entidad

“He pedido a la Procuraduría General de la Nación,  que investigue el actuar de los funcionarios de la Alcaldía, quienes estarían permitiendo la evasión de importantes impuestos a través de este proyecto, por cuenta de los ya mencionados sujetos y a los funcionarios del Distrito, quienes entregaron este mega proyecto a dedo, por un irrisorio canon de arriendo cercano a los 200 millones  de pesos mensuales, donde se factura  más de 1.000 millones de pesos en solo subarrendamientos constituyendo así un detrimento patrimonial”. Hay que precisar que este predio estaría avaluado en más de 230 mil millones de pesos.

Cabe indicar que el mayor de la Policía fue quien grabo y denuncio el uso y alquiler de niños utilizados para mendigar en Transmilenio, y cuenta con el apoyo de miles de comerciantes formales e informales, quienes no están de acuerdo con lo que han llamado una estafa para el sector.