Corte “raja” al Gobierno por falta de garantías a excombatientes de las Farc
Con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, la Corte ordenó una Sala Especial de Seguimiento para la materialización del componente de garantías de seguridad de los exguerrilleros.
La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad para las personas que firmaron el acuerdo de paz, que dejaron la guerrilla de las Farc y que están en proceso de reincorporación. La decisión se tomó al fallar cinco tutelas de excombatientes que han resultado amenazados tras la firma del acuerdo.
Con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, la Corte ordenó una Sala Especial de Seguimiento para la materialización del componente de garantías de seguridad de los exguerrilleros.
En las tutelas, los excombatientes afirman que son líderes del hoy partido político Comunes de la extinta guerrilla y que han puesto en marcha proyectos productivos, en el marco de su reincorporación, como “cultivo de caña, yuca, piña, plátano y maíz, cría, reproducción y comercialización de ganado porcino y clases de costura”.
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Ellos aseguraron que hay riesgos colectivos en zonas aledañas al territorio en el que se encuentran por presencia del grupo ‘Olíver Sinisterra’ y del ELN y denunciaron que la UNP, a la hora de presentar la tutela, no había otorgado las medidas de seguridad para el excombatiente Alberto López Palomino a pesar de que en 2018, esa entidad aseguró que estaba en riesgo extraordinario luego de hacer el respectivo estudio.
De acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante el 2021 se registraron 43 hechos de agresiones contra los excombatientes, pero desde que se firmaron los acuerdos, es decir, desde septiembre de 2016 hasta enero de 2022, se han registrado 299 casos.
Mientras que se reportan 43 excombatientes asesinados o desaparecidos durante todo el año pasado en diferentes departamentos como Nariño, Cauca, Chocó, Caquetá y Putumayo.
Precisamente, desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) le solicitaron al gobierno del presidente Duque garantizar y proteger los derechos de los excombatientes de las Farc, sobre todo de cara a las próximas elecciones al Congreso y presidenciales.