CIDH abre caso contra Colombia por falsos positivos de cuatro jóvenes
Entre las desgarradoras historias se encuentra la de un muchacho que trabajaba en el Terminal de Transporte de Tunja. Su padre falleció después del crimen por pena moral.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un nuevo caso contra el Estado colombiano por su presunta responsabilidad internacional en los homicidios de cuatro jóvenes que fueron asesinados y presentados como bajas en combate por soldados del Ejército.
El primero de los casos se relaciona con la muerte de Alix Fabián Vargas, un trabajador del Terminal de Transporte de Tunja (Boyacá), quien fue detenido por militares del Grupo Mecanizado 1, desapareció y luego ejecutado en el municipio de Onzaga (Santander) en 2007, su cuerpo fue encontrado solo un año después y el crimen afectó tanto a su padre que falleció de pena moral.
Otro de los casos que serán estudiados por la Comisión es el de Óscar Alexander Tejada, un joven de 25 años, quien se desempeñaba como comerciante de ropa y en un viaje hacia Cúcuta fue detenido en 2008 y ejecutado en zona rural del municipio de El Copey (Cesar) por soldados del Batallón La Popa. Su cuerpo a la fecha no ha aparecido.
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Entre los homicidios también resalta el de un habitante de calle en Antioquia identificado como Jorge Vargas Fonseca y un vendedor ambulante en Bogotá, quien respondía en vida al nombre de Yonny Duvián Soto, que tenía 22 años de edad para el momento de su muerte. En algunos de los casos anteriormente mencionados las víctimas no tenían rastros de disparos.
“La Comisión observa que en total, tomando en cuenta los procesos internos como un todo, ha transcurrido cerca de una década y media desde la comisión de estos crímenes, tiempo durante el cual los procesos iniciados por la muerte o desaparición de las víctimas siguen inconclusos y estancados, sin que se haya determinado una justa sanción contra todos los responsables”, se lee en el informe de admisibilidad, conocido por La W.
La CIDH concluyó para admitir los procesos por los homicidios de las víctimas que, aunque en este momento la JEP adelanta las investigaciones, ha pasado más de una década sin que las familias obtengan justicia, por lo cual para la Comisión sería injustificado renunciar a su función de analizar el cumplimiento del estado de responderle a las víctimas.