Consejo de Estado define este martes el futuro político del representante Hernán Estupiñán

Después de dos años de haber perdido su investidura en primera instancia, este martes la Sala Plena del Consejo de Estado discutirá la segunda instancia y futuro político del representante a la Cámara Hernán Estupiñán

La acción judicial por pérdida de investidura en contra de Estupiñán fue instaurada por José Manuel Abuchaibe Escolar, quien en su demanda intentó demostrar que el congresista había incurrido en una de las causales para esa sanción porque vinculó a la unidad de trabajo legislativo a su cargo a un ‘recomendado’, el sobrino del diputado Alvin Quiñones, sin que se le exigiera prestar servicio público, cumplir horario de trabajo y tampoco se le informó cuál era su sitio para laborar”.

El funcionario de la UTL es Jahír Alexánder Mena Quiñones, quien ostentaba el cargo de Asistente I en el equipo de trabajo del representante y cuyo cargo era funcionar como “enlace” entre el legislador, el municipio de Tumaco y el departamento de Nariño. Sin embargo, la sala especial del Consejo de Estado hizo la claridad de que, si bien Mena Quiñones es sobrino de Alvin Quiñones, diputado del departamento de Nariño, gerente de la campaña electoral del congresista y cercano a su estructura política, ese elemento “no es plena prueba de que el congresista lo hubiese nombrado en la UTL como cuota política o para realizar actividades proselitistas como lo afirmó el convocante de la pérdida de investidura”.

Lo que sí hizo el tribunal fue indagar si las funciones que supuestamente cumplía Mena Quiñones en Nariño tenían relación con la actividad congresional del representante a la Cámara. De hecho, gran parte de la defensa de Estupiñán se apoyó en una presunta reunión que Quiñones habría organizado en esa región el 3 de marzo de 2018, argumentando que en ella se logró conseguir información importante que fue el insumo para iniciativas legislativas, como la que buscaba que Tumaco fuese reconocido como distrito especial, entre otros.

El Consejo de Estado no encontró relación entre la gestión de Quiñones y dichos proyectos legislativos. De hecho, aseguró que el que reconocía a Tumaco como distrito especial no era de su autoría, sino de unos senadores, y que tampoco tuvo participación en discusiones de otro par de iniciativas que se mencionó en la defensa del congresista. A pesar de esto, el congresista autorizó los pagos de salarios a Quiñones.