El Gobierno regional de España protegerá los intereses económicos y patrimoniales del Canal de Isabel II
La W reveló que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, protegerá la empresa pública del Canal de Isabel II ante la expropiación de la filial en Colombia.
La W reveló que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que el Gobierno regional, así como el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, se encaminarán para proteger los intereses del Canal de Isabel II. Se trata de una medida que favorecerá a los accionistas ante la expropiación de la filial de la empresa pública en Colombia.
De acuerdo con una rueda de prensa ofrecida por Díaz Ayuso, en cuanto se supo sobre el embargo a las acciones de la empresa, se pusieron en contacto con la embajada de España en Colombia para “ofrecer su ayuda”.
De acuerdo con la presidenta madrileña, la idea es proteger los intereses de la empresa pública, así como las inversiones del Canal de Isabel II, los intereses patrimoniales y económicos de los accionistas y la Comunidad de Madrid.
La embajada de España en Colombia también apoya al Canal de Isabel II, después de que Colombia haya aplicado una ley diseñada contra paramilitares y narcos para expropiar y vender las acciones, actualmente embargadas, con las que controlaba la empresa Triple A, de la compañía española Inassa, filial latinoamericana del Canal.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado a Efe que la embajada de España en Bogotá respalda en todo momento a la empresa española como lo haría con cualquier otra para solucionar el problema.
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Según ha publicado el diario El País, Colombia ha aplicado una ley diseñada contra paramilitares y narcos para expropiar y vender las acciones con las que controlaba la empresa Triple A, que gestiona el agua en alguna de las principales ciudades colombianas y es propiedad de la compañía española Inassa, filial latinoamericana del Canal de Isabel II.
El Canal de Isabel II se hizo en 2001 con la empresa Triple A, a través de Inassa, investigada judicialmente en el caso Lezo.
En 2001, cuando Alberto Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno aprobó la compra del 75 por ciento de Inassa, por $73 millones de dólares.
En 2017, estalló el caso Lezo con la detención del entonces presidente madrileño Ignacio González y exdirectivos de la compañía pública, y en el que se investiga una supuesta trama de comisiones y sobrecostes urdida alrededor de la actividad internacional del Canal de Isabel II y de Inassa, la filial que controla esos negocios en América.
El 4 de octubre de 2018, la Fiscalía de Colombia anunció el embargo de acciones de Triple A por considerar que Inassa cobró unos 68 millones de euros a Triple A por un contrato de asistencia técnica que no se produjo, y ahora ha activado un mecanismo de “enajenación temprana”, es decir, de expropiación.
