Más de mil campesinos exigen cumplimiento del acuerdo de paz en Córdoba

Córdoba

A partir de este 23 de enero, cerca de 1.300 campesinos se empezaron a movilizar en el sur del departamento de Córdoba, para exigir el cumplimiento del acuerdo de paz en dos puntos específicos: la Reforma Rural Integral y la Sustitución Voluntaria de Cultivos para uso Ilícito.

“Nos vamos a refugiar hasta el día 27 de enero, esperando que el Gobierno Nacional nos pueda dar una solución, porque si no, no nos levantaremos y esperaremos que cada día se sumen más campesinos para la exigencia de sus derechos”, dijo Cervelion Cogollo, presidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas).

Al tiempo dijo que “en esta marcha nos encontramos la Asociación de Campesinos para el Desarrollo del Alto Sinú - Asodecas, con todos sus afiliados, se encuentran tres organizaciones de segundo nivel y se encuentran más de 90 juntas de acciones comunales”.

De acuerdo con lo informado por los campesinos, más de 3.000 familias estarían afectadas por los supuestos incumplimientos al acuerdo de paz en el sur de Córdoba.

“Son 3.400 familias del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos las que exigen al Gobierno Nacional que le dé cumplimiento a lo pactado; que también cumpla con el tema de la tierra, con la reforma integral que debe ir de la mano con la implementación de la Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, sino no podrá transformar el territorio del Alto Sinú”, sostuvo Cervelion Cogollo.

Por otra parte, desde el Gobierno Nacional, se ha informado a través del director del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Ilícitos - PNIS, Hernando Londoño, que en Córdoba se habrían hecho millonarias inversiones para dar cumplimiento a esta política de Estado.

“En Córdoba hay más de 947 familias en el Nudo de Paramillo y otras en zonas de reserva forestal de la Ley Segunda del 59 que son baldíos inadjudicables y, por tanto la única forma de regularizar la ocupación de las familias beneficiarias que se encuentran allí, es a través de la figura de los Contratos de Derechos de Uso que deben firmar con la Agencia Nacional de Tierras y que se inscriben en el folio de matrícula inmobiliaria para cada predio”, explicó el director del programa.

Afirmó que “si ellos no suscriben o se comprometen a suscribir estos acuerdos nosotros no podemos avanzar en el desarrollo de sus proyectos productivos por cuestiones legales. De estas familias, tan solo 180 han manifestado comprender y aceptar esta realidad”.

Según el funcionario, en el departamento actualmente se atienden 6.376 familias, de las cuales 5.257 serían cultivadoras, 661 no cultivadoras y 458 serían recolectoras. Estas familias se encuentran en zonas veredales de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta.

“El gobierno del presidente Iván Duque ha invertido $103.206 millones representados en: $66.544 millones en Asistencia Alimentaria Inmediata para 5.810 familias; $11.230 millones para proyectos productivos de huertas caseras que benefician a 5.254 familias; $5.594 millones en procesos de Asistencia Técnica Integral para 5.392 familias y $12.082 millones en 1.089 proyectos productivos”, anotó el director del PNIS.

Pese a lo indicado, a través de un comunicado, desde Asodecas se informó que “contrario a lo manifestado por el señor Hernando Londoño, sí hay incumplimientos en la hoja de ruta firmada en abril del 2017, en la que se establecen unos tiempos para la entrega de un subsidio de seguridad alimentaria, pero también la implementación del Plan de Atención Inmediata - PAI, que contemplaba tres proyectos: uno a corto plazo de $1′800.000, otro mediano  por $9′000.000 y uno de largo plazo de $10.000.000.