Judicial

Un José Félix y dos Benitos

Daniel Coronell revela el nombre de los testigos ante la JEP que estén involucrados en relaciones con los paramilitares

Este viernes quiero empezar pidiéndoles que me excusen por un error involuntario que cometí el jueves.

Cuando hablé de la lista de políticos relacionados con paramilitares que entregó en su declaración a la JEP el exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, mencioné a Piedad Córdoba cuando en realidad se trataba de Piedad Zuccardi.

Por el contexto se entendía a quién me estaba refiriendo, pero incurrí en ese desatino por el cual quiero pedirles sinceramente que me perdonen ustedes, para quienes diariamente trabajo, y la doctora Piedad Córdoba que nada tiene que ver con estos asuntos y a quien no quise afectar.

Les prometo que haré todo lo posible por no equivocarme y les aseguro que cuando cometa un error lo reconoceré rápidamente y en el mismo espacio.

No les prometo infalibilidad, pero si honestidad, siempre.

Bueno, y hablando de nombres que se repiten hay una noticia preocupante para el doctor José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.

Benito Osorio, el exgobernador y exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba no sería el único testigo ante la JEP que lo involucre en relaciones con los paramilitares. Ni siquiera el único Benito.

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Ya casi nadie se llama Benito, pero –aunque parezca increíble-- en este caso que involucra políticos, dirigentes gremiales, ganaderos y paramilitares, hay dos Benitos.

El primero es Benito Osorio Villadiego del que ya hemos hablado y quien ha hecho graves señalamientos contra José Félix Lafaurie.

El segundo es Benito Molina Velarde, conocido en el expediente como ‘el mexicano’. No es un alias, lo que sucede es que realmente nació en México. Allá conoció una distinguida dama cordobesa de prominente familia. Se vino a Montería. Se casó con ella. Se dedicó a manejar la fortuna de su esposa y a construir la propia. Y así se convirtió en un poderoso ganadero durante los mismos años en los que crecía el paramilitarismo.

Benito Molina fue el mayor accionista privado y presidente de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, una entidad mixta, que gerenciaba el otro Benito, Benito Osorio.

Una de esas operaciones de despojo masivo ocurrió en el Urabá antioqueño. 130 familias fueron desplazadas por paramilitares y las pequeñas propiedades fueron englobadas para formar la Hacienda Tulapas para beneficio de la estructura paramilitar de los hermanos Vicente y Carlos Castaño.

Después, testaferros de esos paramilitares les daban centavos a los desplazados para obligarlos a firmar escrituras. Poco plata y mucho plomo.

La violenta operación de despojo contó con el apoyo de notarios de Montería y Apartadó; y empleados de las oficinas de registro de instrumentos públicos de Turbo y Carepa que aceptaron como válidos documentos repetidos donde los campesinos firmaban haber cedido voluntariamente sus tierras.

Está judicialmente documentado que el pacto para ejecutar la operación de robo, saqueo, amenazas, asesinatos y despojo de tierras, se cerró en una hacienda llamada ‘La 52′ entre Benito Osorio, gerente del Fondo Ganadero de Córdoba y dos familiares de los Castaño: Su primo Luis Ángel Gil y su cuñada Sor Teresa Gómez.

Eso sucedió la mañana del primero de diciembre de 1997. El mismo día por la tarde los miembros de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba --donde estaban entre otros los dos benitos: el gerente Benito Osorio y el presidente de la junta Benito Molina-- firmaron un acta donde decidieron iniciar la compra masiva de tierras.

La encargada de comprar fue Sor Teresa Gómez, la cuñada de los Castaño.

Pues bien, el segundo Benito, el mexicano Benito Molina Velarde, como su tocayo, se acogió hace unos meses a la JEP con el compromiso de plena verdad.

Dentro de su declaración se prevé la mención detallada de un macroproyecto paramilitar de despojo al cual presuntamente estuvieron vinculados, entre otros, Benito Osorio, Luis Gallo Restepo, Bernardo Vega, el dirigente conservador Julio Manzur y José Félix Lafaurie.

En un borrador de documento, conocido por el Reporte Coronell, se menciona que José Félix Lafaurie estaba enterado de esas negociaciones de tierras, que se reunió con Benito Osorio mientras este último era prófugo de la justicia y que le recomendó conseguir cartas falsas de gentes de la zona, con fechas anteriores, manifestando su voluntad de vender, indicando además que no había amenazas, ni apremios.

Dirá Benito Molina que el Fondo Ganadero de Córdoba fue usado para sostener que la entidad tenía una posesión pacífica de los predios y ampararse en la figura del “tercero de buena fe”.

Figura usada, años después, por el presidente de Fedegán para atacar la ley de restitución de tierras.

Asegura José Felix Lafaurie, en un comunicado que firma Fedegán, que las declaraciones en su contra son parte de una persecución de la izquierda contra él.

Sin embargo, ninguno de los dos Benitos suena muy izquierdista. Son dos hombres allegados al paramilitarismo condenados por crímenes cometidos con las llamadas autodefensas.

Ah, algo más. Otro miembro de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, Luis Gallo Restrepo, fue vinculado a la JEP hace apenas dos meses.

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