Superservicios pide investigar a Juez que falló contra la intervención de la Essmar
Ante esta solicitud el Juez Segundo Administrativo resuelve la aclaración solicitada por la Superservicios y deja en inmediata aplicación el fallo de tutela que devuelve la entidad al distrito.
Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta/ Essmar
Superservicios solicitó ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura investigar al juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, Santander José Ortiz Marín por su presunto actuar ilegal en el caso de la intervención de la Essmar.
La entidad ordenó el 22 de noviembre de 2021 la toma de posesión de la empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta, la decisión se fundamentó en que la Essmar era incapaz de prestar el servicio de acueducto y alcantarillado en condiciones de calidad y continuidad debidas y, además, se teme que pueda suspender el pago de sus obligaciones mercantes.
El señor Rafael Alejandro Martínez radicó acción de tutela en contra de la Superservicios. En esta solicita tutelar el derecho fundamental al debido proceso y que se inaplique las acciones tomadas por la entidad del estado en contra de la Essmar.
El documento afirma que, el accionante no probó la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección invoca a través del ejercicio de la acción de tutela, razón por la que la Superservicios considera improcedente el amparo concedido.
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Entre tanto, el Juez Segundo Administrativo mediante providencia del 12 de enero del 2022, asegura que no había razón para declarar improcedente la tutela por el hecho de que la hubiera presentado el exalcalde Rafael Alejandro Martínez.
El nuevo documento volvería a tomar su curso la medida transitoria de suspensión a la intervención por un periodo de cuatro meses. Además que, la tutela quedaba legítimamente incoada una vez se hizo parte la Alcaldía de Santa Marta.
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A partir de hoy hay un plazo de 48 horas, para que la Superintendencia de Servicios Públicos devuelva la empresa a la Alcaldía de Santa Marta. No obstante un juez de segunda instancia estudia si la medida es procedente.
